En enero pasado, el Gobierno presentó las políticas laborales a ser implementadas en los siguientes tres años.

Con el contrato juvenil se pretende promover que 60.000 jóvenes de 18 a 26 años accedan a un empleo y 250.000 empleadores reciban un incentivo tributario por la contratación de pasantes. Se centra en agricultura, comercio, manufactura y construcción que aportarán con el 66 % del empleo juvenil. El desempleo juvenil, supuestamente, disminuirá en 3,45 %.

El segundo eje es el fortalecimiento del proyecto “Mi primer empleo”, al vincular al mercado laboral a 23.507 jóvenes (egresados o estudiantes del último año de universidades) al año tanto al sector público como privado.

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El tercer eje se centra en la creación de nuevas modalidades contractuales con las que se garantizarán, a decir del régimen, que más de 236.000 trabajadores accedan a un contrato formal. Son contratos de trabajo especial permanente y durarán el tiempo que se realice la actividad extraordinaria del negocio, pero serán de carácter indefinido. El empleador llamará al mismo empleado cada vez que lo necesite y le pagará según lo elaborado.

Las nuevas formas de contratación fueron suscritas para los sectores: bananero, florícola y de servicios turísticos. Los acuerdos ministeriales estuvieron colgados en la página web del Ministerio de Trabajo hasta hace una semana, pero el viernes ya no constaban.

Para otros sectores como agrícola, acuícola, ganadero, de la construcción y artístico se expedirían próximamente.

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El ministro Raúl Ledesma dijo semanas atrás que dichos acuerdos entrarían en vigencia desde mañana.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), ve con buenos ojos esos ejes, sobre todo con relación a la generación de trabajo para los jóvenes, pero sugiere que la pasantía del estudiante se considere como experiencia laboral.

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Pero Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral, opinó que con las nuevas formas de contratación “se regresa” 48 años cuando se inició la tercerización laboral “y precarizó, explotó a los trabajadores".

Explicó que con las modalidades, aunque se habla de incrementar un 25 % a la hora trabajada, la legislación actual establece que para trabajos extraordinarios se paga con el 100 % y ahora se reconocerá el 25 o el 35 %. “Los beneficiarios son los empresarios, para nada los trabajadores”, indicó.

Liliana Durán (antes de AP), presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, afirma que Ecuador camina hacia la precarización laboral con las nuevas modalidades contractuales, pues alegó que van en contra el Código del Trabajo vigente.

Ella pide que haya una mejor articulación entre el Ejecutivo y la Asamblea para no regresar a la tercerización laboral. En esa mesa legislativa, expresó, se trabaja en la elaboración del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. (I)

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