Las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) que aprobó la Asamblea en marzo también son objeto de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en la Corte Constitucional (CC).

Una la impulsa Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas y esposo de la jueza de la CC, Pamela Martínez, que objeta los artículos 3 y 4 de la ley porque considera que son una ‘limitante’ para el derecho de participación.

Estos exigen que para ser vocal del Consejo hay que tener trayectoria en organizaciones sociales o título de tercer nivel.

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La otra es de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, que cuestiona varios artículos, entre los que está el de acreditar un título de tercer nivel para ser vocal del CPC y la forma en que debe elaborarse la papeleta electoral. (I)