Las protestas en Nicaragua contra las reformas en la seguridad social continuaban sumando días y muertos hasta este domingo mientras el caos en las calles y varias ciudades se mantenía. Lo que provocó que el presidente Daniel Ortega retrocediera y anulara su decisión.

Al menos 27 personas murieron (algunos medios cifran la cantidad en más de 30), entre ellos un policía y un periodista, en las manifestaciones en contra de la reforma que comenzaron el miércoles pasado, según informaron organismos de derechos humanos.

El periodista nicaragüense Ángel Gahona falleció la noche del sábado de un disparo en la ciudad de Bluefields, en la región Autónoma Caribe Sur, mientras transmitía en vivo por Facebook las protestas contra el gobierno de Ortega, confirmó el noticiario El Meridiano, para el que trabajaba la víctima.

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La grabación de Gahona quedó en la red social, mientras que la filmación de un compañero que iba detrás de él mostró cómo caía tras el disparo y varias personas pedían ayuda.

Desde que se iniciaron las protestas varios periodistas fueron atacados en diferentes ciudades por grupos progobierno. Los medios de comunicación también fueron censurados hasta con el corte de su señal durante transmisiones.

Soldados del Ejército de Nicaragua se mantenían desplegados en varias ciudades por segundo día tras una noche de enfrentamientos y vandalismo, que crecía cada día.

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Incluso este domingo, quinto día de protestas, amaneció con saqueos de tiendas y supermercados en Managua y otras ciudades del interior del país.

Estas manifestaciones nacieron tras las reformas de recaudaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que aumentaban el aporte de los trabajadores del 6,25% al 7%, de los empleadores del 19% al 22,5% (de manera gradual hasta el 2020) y agregaba un aporte del 5% a los pensionistas por concepto de cobertura de enfermedades. En Nicaragua hay unos 200.000 pensionistas, que en su mayoría ganan de $ 300 a $ 500. La razón, dice el Gobierno, era salvar al INSS de la quiebra, según BBC Mundo.

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En su primera declaración tras el inicio de las protestas, el pasado sábado el presidente Ortega culpó a “pequeños grupos de la oposición”, cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas. Además había llamado al empresariado a un diálogo sobre la reforma a la seguridad social, que desencadenó las protestas más fuertes vistas en los últimos once años, pero este le comunicó que no aceptaría hasta que cese la represión a los manifestantes.

Sin embargo, con el aumento de la violencia en los enfrentamientos entre la población (la mayoría jóvenes estudiantes) y la Policía, de acuerdo con una publicación del medio nicaragüense El Nuevo Diario, la tarde de ayer Ortega afirmó que el INSS anuló la reforma que provocó la conmoción.

Roger Murillo, exgerente de la Superintendencia de Pensiones, dijo al diario La Prensa que las reformas perjudicaban a las familias porque podían hacer que las empresas destituyan o corran a los trabajadores, o transfieran el alza a los productos o servicios que ofrecen. Además dijo que toda reforma se debe realizar a través del Parlamento del país y no mediante decreto, como se había hecho.

Murillo añadió que lo que tiene al INSS colapsado son los gastos administrativos, pensiones reducidas e inversiones que no se hacen adecuadamente.

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Previamente, Carlos Chamorro, del medio Confidencial, había dicho que las protestas se dieron también por otros factores y participaron sectores que antes habían favorecido al Gobierno, en parte por la represión que hizo que más gente saliera a la calle indignada. (I)

Reacciones

Varios países se pronunciaron sobre la situación. Costa Rica activó un comité para prevenir incidentes que involucren a sus ciudadanos en Nicaragua. EE.UU. condenó la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Puerto Rico acusó al gobierno de Daniel Ortega de atentar contra los derechos humanos, mientras que el papa Francisco dijo estar preocupado por la situación. (I)