La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa (05-2018-FGS) por el presunto delito de delincuencia organizada contra las más altas autoridades del anterior Gobierno.

Así lo confirmó ayer el exasambleísta César Montúfar, dirigente del movimiento Concertación, a través de su cuenta de Twitter: “Por fin, hoy he sido notificado (por el) fiscal Alfonso Rhea (que se) abrió investigación previa por delincuencia organizada contra Rafael Correa y otros”.

La investigación se inició por una denuncia presentada por Montúfar el 5 de marzo pasado. “No descansaremos hasta que brille la justicia y se devele el verdadero carácter de la revolución ciudadana”, dijo.

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Montúfar explicó que los denunciados contra quienes se abrió la investigación son: Rafael Correa, como expresidente de la República; Jorge Glas, exvicepresidente de la República; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; Carlos Baca Mancheno, fiscal general; José Serrano, expresidente de la Asamblea; Diego García, exprocurador; Carlos Pólit, excontralor; Galo Chiriboga, exfiscal general, y la constructora braileña Norberto Odebrecht como persona jurídica.

Montúfar planteó la denuncia argumentado que, a su criterio, durante los 10 años de ejercicio del Gobierno de Correa, la corrupción dejó de ser un hecho aislado y se transformó “en un hecho sistémico y estructural”.

Para el exlegislador, Correa tomó una serie de decisiones que habrían permitido crear espacios de enorme discrecionalidad; y siendo cabeza del Gobierno, cambió la Constitución, eliminó el control político, cambió leyes, emitió decretos de emergencia, nombró a colaboradores que habrían permitido un esquema organizado, no espontáneo, de presunta corrupción. “Se trató de una organización delincuencia estatal”.

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El fiscal Rhea ordenó que se cumplan ciertas diligencias y fijó para el 3 de mayo próximo una comparecencia de Montúfar para reconocer firma y rúbrica en la denuncia.

Montúfar fue acusador particular en el proceso por asociación ilícita por el cual Glas fue sentenciado a seis años de prisión en el caso Odebrecht. (I)