Se abre instrucción fiscal por asociación ilícita contra ocho funcionarios municipales

(Actualizado a las 23:40)

El inicio de una instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita, en el que regirá la prohibición de salida del país, la presentación cada 15 días ante autoridad competente y el uso del brazalete de seguridad, fue la decisión que adoptó este viernes la jueza María Montalvo, de la Corte Provincial de Pichincha, luego de la audiencia contra ocho funcionarios del Municipio de Quito, entre ellos los concejales Eddy S. y Sergio G.

Fiscalía acusa a los investigados de estar supuestamente involucrados con una “estructura criminal” que solicitaba dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis. Tras denuncias de transportistas de Pichincha, los funcionarios fueron detenidos durante el operativo Ares, en el que se allanaron 14 inmuebles como la Secretaría de Movilidad de Quito.

El fiscal provincial, Fabián Salazar, en la audiencia presentó el viernes entre los elementos de convicción conversaciones telefónicas que, a su decir, son vinculantes. También se habrían revelado seguimientos a los ahora detenidos, a familiares de estos, funcionarios y exfuncionarios públicos que integrarían la presunta red.

De las interceptaciones a varias líneas telefónicas se presumiría que los procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas e incluso se habrían identificado a través de pseudónimos como el Ingeniero, Gordo, Flaco, Secre. La investigación previa del caso arrancó el 8 de enero último.

Contra Eddy S., Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Andrea F. y Mónica G., quien, según Fiscalía, sería el supuesto nexo en la acreditación de cooperativas de transporte, se definió la prohibición de enajenar bienes inmuebles de todos ellos, así como la retención de valores que tengan en el sistema financiero local.

Montalvo no dio paso al pedido de prisión preventiva solicitado por Salazar, consideró que la petición no cumplía con los requisitos constitucionales y legales para que opere la medida restrictiva, es decir, el fiscal no determinó los elementos de convicción claros y precisos de los procesados y su relación con la infracción acusada.

Rafael Pérez, abogado de Fausto M., explicó que la jueza Montalvo negó la prisión preventiva solicitada porque los argumentos que presentó Salazar fueron “vagos y resumidos”. Cree que los elementos que se entregaron para acusar a cada uno de los investigados no fueron claros, ni determinan la participación exacta de cada uno de ellos en el delito.

La concejal Daniela Chacón recordó que el año pasado, cuando el Cabildo buscaba regularizar 8.700 cupos de taxis, ella con otros concejales advirtieron que esos problemas no se resuelven con las mismas decisiones. “Cuando existen problemas estructurales en los cuales los altos niveles de discrecionalidad pueden abrir la puerta al cometimiento de actos de corrupción, eso es lo que hay que atacar y no seguir aprobando el mismo tipo de procesos”. (I)