Expertos y conocedores de los problemas con los que se lidia en la frontera y los que hoy se adentran al país, aportan con ideas para enfrentar la crisis.

La noche del 12 de abril, mientras el presidente Lenín Moreno anunciaba un plazo de doce horas para que los secuestradores den una prueba de vida del equipo de diario El Comercio desaparecido en la frontera con Colombia, el 26 de marzo pasado, en San Lorenzo se escuchaba el sobrevuelo de dos helicópteros. Desde entonces, dicen habitantes de este cantón esmeraldeño, el transitar de militares es intenso.

“No es dentro del pueblo, se ven salir todo el día camiones con militares y otros carros con policías. Lo que se sabe es que ya entraron a Mataje, no sé si a la montaña, pero en Mataje ya están”, revela por vía telefónica un comerciante.

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San Lorenzo está desde el 27 de enero pasado en estado de excepción, luego de que un coche bomba estallara en el Centro de Vigilancia Policial destruyendo gran parte del edificio de dormitorios y unas 200 casas de civiles. Mataje queda a 17 kilómetros de ese cantón y allá hacían cobertura el 26 de marzo Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega. A las 15:30 de ese día fueron secuestrados y el viernes pasado el presidente Moreno confirmó que fueron asesinados por sus captores.

Seis días antes del secuestro en la vía a Mataje hubo otro atentado explosivo en el que murieron tres infantes de marina. Un cuarto uniformado falleció días después producto de las heridas que recibió en ese ataque.

Desde el 26 de marzo, San Lorenzo convive con un toque de queda que deja las calles vacías de 22:00 a 05:00. Aunque los habitantes reconocen que “la frontera se ha puesto caliente”, lamentan la situación que afecta su economía.

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“Turistas ya no vienen. Y mire que tenemos un lindo malecón”, se queja un joven que además rezonga porque las discotecas no abren.

Amplia zona de frontera

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No solo la provincia de Esmeraldas limita con Colombia. Sucumbíos y Carchi están en la línea fronteriza de 730,55 kilómetros. Y los habitantes de las tres, que suman 1’031.245 personas, lidian con lo que significa ser vecinos de un país con problemas de grupos irregulares, ahora, unos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y otros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que están en diálogo de paz.

El segundo grupo ha atribuido el secuestro y muerte de los periodistas a bandas “narcoparamilitares”. Mientras el Gobierno ecuatoriano señaló a Walter Arízala Vernaza, alias Guacho como el cabecilla del grupo disidente de las FARC que se llevó a los comunicadores. Y por él, junto a Colombia, ofrecen una recompensa de 248.000 dólares. Está también en la lista de los más buscados de ambos países.

Frente a la zona ecuatoriana que va desde Tobar Donoso, en el límite entre Carchi y Esmeraldas, hasta la desembodura del río Mataje en el Pacífico operan grupos ilegales, entre ellos el ELN que domina parte del departamento colombiano de Nariño. También el grupo Oliver Sinisterra, liderado por Guacho. Su sector de influencia, según la Fiscalía de Colombia, está entre los ríos Mira y Mataje. Se encarga de cuidar los sembríos de cocaína.

Los llamados Frente 1 y Frente 7 realizan más acciones de acuerdo con investigaciones de la Federación Internacional de Periodistas, FIP.

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Guerrillas campesinas, Resistencia campesina, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los del Vaca, Los del Sábalo, son otros nombres que surgieron tras la desaparición de las FARC y operan en el sector colindante con Ecuador. También estarían las paramilitares Autodefensas Gaitanistas.

La prensa del vecino país da cuenta de las actividades ilícitas de estos grupos. En San Lorenzo no se los desconoce, especialmente a Guacho, pero prefieren no nombrarlo, cualquiera podría acusarlos de soplones, confiesa con temor un conductor de taxi, y se marcha sin más. (I)

Lo que se sabe
Zona caliente

Ecuador-Colombia
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y la tala ilegal.

Tras la paz
Tras el acuerdo de paz firmado por Colombia a finales del 2016 con las FARC, que según analistas dominaban el territorio, arreciaron disputas entre desertores del pacto, bandas procedentes de paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.