Como misionera de la Iglesia católica Maritza Flores recorre desde hace una década el río Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, que marca el límite con Colombia. En este tiempo ha percibido un desmejoramiento de los servicios estatales. “Las actuales formas en las que se ha dividido la organización del Estado en el territorio, en temas de salud y educación, no contribuye para nada al desarrollo de la frontera”, indica.

Por lo que se requiere pasar de los acuerdos binacionales entre Colombia y Ecuador y de las reuniones de los respectivos gabinetes presidenciales a la acción. “Muchas de las decisiones que se toman se hacen desde un escritorio sin conocer la realidad de las zonas fronterizas”, dice y da ejemplos: A los profesores asignados a las riberas del Putumayo les toma una hora por el río en canoa más dos horas en vía para llegar al distrito o circuito establecido en Tarapoa, en el cantón Cuyabeno. “Eso no es viable y que los convoquen dos veces por semana menos todavía porque eso implica que pierdan días de estudio los alumnos”, afirma.

Flores cree que debe retomarse la política de dar un bono a los profesionales asignados a la frontera porque laboran en zonas de difícil acceso. “La mayor parte de los profesores que están en frontera son bachilleres, sin desmerecer lo que eso implica, porque son los que deciden aportar desde su deseo de sacar adelante a la población, por lo que hay que valorar ese esfuerzo”, señala.

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Viendo la realidad del territorio, Flores indica que la alternativa es mantener las escuelas unidocentes: “La solución es que el Estado se detenga a mirar cuáles son las verdaderas necesidades en la frontera”, propone.

El acceso a la salud también ha desmejorado. El centro de salud del cantón Putumayo ha perdido ciertos servicios como el de laboratorio y no cuenta con obstetriz. “Las personas llegan en dos o tres horas en canoa y no encuentran la atención. En febrero murió una niña de una comunidad indígena que está en la vía porque no había una ambulancia disponible y no pudo ser trasladada a Lago Agrio”, indica Flores.

A ello se suma que tras la firma del acuerdo de paz en Colombia en junio del 2016, se observa menos resguardo militar en el país vecino. “El raspado de coca sigue siendo una alternativa para los habitantes porque los cultivos de maíz, cacao, yuca, que son lícitos, no dejan los réditos que sustenten la economía de las familias”, asegura. (I)