En el segundo semestre de este año, Ecuador y Estados Unidos iniciarían negociaciones para un acuerdo comercial, según manifestó ayer Pablo Campana, ministro de Comercio.

El funcionario se refirió a un convenio comercial como un beneficio para todo el sector exportador, tras la renovación hasta el 2020 del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP, en siglas).

“Un acuerdo a largo plazo, que nos dé esa estabilidad en el largo plazo y poder ser más competitivos con los productos ecuatorianos”, dijo.

Un total de 122 países se benefician de esas preferencias arancelarias. En el caso ecuatoriano, actualmente unas 880 compañías grandes, medianas y pequeñas exportan 380 productos bajo el SGP, entre ellos mango, flores cortadas, madera contrachapada, banana en conserva, malanga, panela, frutos secos y jugo de fruta.

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El SGP ha sido renovado en varias ocasiones; la anterior culminó en diciembre del 2017. Campana sostuvo que la extensión es de carácter retroactivo desde el primero de enero, que beneficia a los importadores norteamericanos que pagaron los aranceles.

Según el funcionario, hay puntos sensibles como la tasa de control aduanero de $ 0,10 por cada unidad importada, los Tratados de Libre Comercio o temas de leche o de agricultura consideradas “líneas rojas”, que se las tratará en las negociaciones bilaterales.

Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), considera que un acuerdo comercial con Estados Unidos es una herramienta para promover las exportaciones.

El dirigente pone como ejemplo el convenio con la Unión Europea, vigente desde 2017, con el que las exportaciones han aumentado $ 400 millones (13 %). En tanto, con Estados Unidos decrecieron 1 %. A ese mercado se exporta alrededor de $ 2.700 millones.

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Aspectos como propiedad intelectual, inversiones y otros se analizarían en los diálogos que el Gobierno aspira a concluir antes de que venza el SGP.

Tratado
En 2004, Ecuador y Estados Unidos iniciaron negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC). Sin embargo, las tratativas terminaron dos años después sin que se llegue a la suscripción de un convenio.Mientras, en el 2013 terminó la vigencia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas o Atpdea. (I)