El consejero Pablo Dávila pule los estándares con los que se evaluará a las autoridades de control del Estado, que ya fueron aprobados el miércoles pasado por el pleno. Estos son la legitimidad, el cumplimiento de funciones, la debida gestión de los recursos, la transparencia y evaluación ciudadana. Dávila colaboró en el Frente de Transparencia que creó el año anterior el presidente Lenín Moreno, y explica que están incorporando las últimas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Los parámetros son medibles, tienen una puntuación o calificación específica?

La idea es poder ponderarlos de la manera más objetiva posible. Necesitamos considerar qué temas queremos evaluar y ponderarlos a base del buen juicio de los consejeros.

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¿Cómo se puede evaluar la injerencia entre poderes, que es uno de los subindicadores?

En el primer parámetro tenemos la legitimidad en el cargo, ahí se evaluará el proceso de designación de autoridades. Por ejemplo, qué nivel de participación hubo, qué tráfico de influencias pudo haber, qué nivel de independencia hubo de parte de la autoridad nominadora. Esos elementos nos permitirán arrojar una opinión y tener una valoración. Otro parámetro es la legalidad en el cumplimiento de las funciones... La probidad es un elemento clave, pues no se trata de que soy probo en el proceso de selección, y luego dejo de ser probo. La probidad es una característica para la prestación de servicios públicos. ¿Cumplió o no la ley?

¿Cómo medirán los indicadores de la prensa y la sociedad civil?

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Más que la relación con la prensa, nos estamos refiriendo a que la prensa es un testigo permanente de la gestión de las autoridades, fuente de información sobre las autoridades evaluadas. Hay que recurrir a los medios, al reporte histórico de la actuación de las entidades, para saber qué se hizo y qué se comunicó. Vamos a recurrir a la prensa, y a la sociedad civil para saber qué acceso tuvieron a los procesos de rendición de cuentas, qué nivel de retroalimentación hubo, y qué hicieron las autoridades con sus pedidos.

Si se observa irregularidad en la designación de una autoridad, ¿la responsabilidad será solo del elegido o también a quienes lo eligieron?

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La responsabilidad podrá extenderse más allá de la persona evaluada. El Consejo transitorio está obligado a investigar actos de corrupción. Si se determina que hubo un acto de ausencia de transparencia o tráfico de influencias habrá que ver quiénes son los responsables, y seremos claros en definir esa responsabilidad para que la autoridad competente juzgue.

¿Cómo se blindarán de las acciones legales que puedan iniciarles?

Los estándares hechos con la ONU señalan que estamos aplicando mecanismos de orden internacional, y de la forma más apropiada. Siempre hay un nivel de interpretación, de riesgo en estas circunstancias, pero esa es la responsabilidad que nos dio el país. No podemos dejar de hacer nuestro trabajo por temor a retaliaciones. Alguien puede interpretar que esto no es suficiente, o que falta. Pero ese es el riesgo de evaluar potenciales actos de corrupción. (I)