La justicia venezolana investiga supuestos planes de rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro que estarían gestándose dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y por el que ha detenido a una decena de militares en las últimas semanas.

Fuentes cercanas al caso dijeron que los 9 oficiales detenidos el pasado 2 de marzo son vinculados con un “plan de desestabilización” y fueron imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y actuar contra el decoro militar.

La abogada Lilia Camejo, defensora de 6 de los 9 señalados, dijo que a los militares los detuvieron cuando estaban en sus puestos de trabajo y dos de ellos fueron “bastante maltratados”.

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Explicó que el grupo de detenidos lo conforman 6 tenientes coroneles, un teniente y 2 sargentos, todos del Ejército, y fueron apresados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

En tanto, el jurista Alonso Medina Roa, también defensor de los militares, explicó que esta semana allanaron la residencia de los tenientes coroneles Iver Marín Chaparro, jefe del principal batallón de la capital venezolana, y Erik Peña, director de administración del Hospital Militar de Caracas.

“Marín Chaparro fue el primero de su promoción en 1999, de la cual todos (los 9 detenidos) son egresados, y fue secretario privado del presidente Hugo Chávez (1999-2013)” al principio de su administración, indicó Medina Roa, quien señaló, además, que Peña se desempeñó antes como director de secretaría de los servicios de inteligencia nacional, cuyo exjefe y fundador, Miguel Rodríguez, fue detenido hace tres días y acusado por el Ejecutivo de planear “actos armados”.

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El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Édgar Zambrano, envió comunicaciones al fiscal militar y al ministro de la cartera, Vladimir Padrino, solicitando informar sobre la situación jurídica y de salud de los detenidos.

El diputado dijo que este mes han registrado al menos una decena de aprehensiones de oficiales y cree que el Gobierno está temeroso por los reclamos de la población en medio de la crisis económica y social de la que no escapan familiares de los militares.

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Camejo agregó que en total unos 90 militares han sido detenidos desde el año 2014 y posteriormente acusados por cometer delitos como traición a la patria y rebelión. (I)

Luisa Ortega

La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega acudió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) para ampliar la denuncia que presentó en noviembre y acusó al presidente Nicolás Maduro y a dos altos funcionarios del Gobierno de ‘masacrar’ al grupo del antiguo policía Óscar Pérez. Se reunió durante casi dos horas con personal de la CPI y llevó supuestas pruebas que demostrarían que tanto el exagente Pérez como sus compañeros, muertos en enero pasado, “estaban rendidos” y habían “negociado su entrega”. Además explicó que solo el presidente puede “movilizar al Comando Estratégico Operacional (CEO), con el fin de realizar una operación como esta”.