Los $ 23,92 que pagó cada funcionario público por su declaración juramentada de no poseer bienes o dinero en paraísos fiscales no podrían ser devueltos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Homero López Obando, dijo que este trámite, que la mayoría de funcionarios públicos lo realizó el pasado 6 de marzo, no se puede revertir.

“Nuestro protocolo tiene una secuencia, un numeral y no podemos hacer nada al respecto, porque nosotros actuamos en virtud de una disposición legal y de una autoridad competente. La autoridad de cada institución pública dispuso a sus funcionarios, correcta o incorrectamente, que realicen ese acto y, en esa virtud, vinieron donde nosotros”, dijo López.

Explicó que esa declaración tiene el valor de $ 19,30, la certificación del documento $ 1,79 y la consulta del biométrico al sistema del Registro Civil $ 0,30. En total son $ 21,39, que más el impuesto al valor agregado (IVA) suman $ 23,90.

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En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, expresó que el dinero de los funcionarios públicos que no tenían la obligación de presentar la declaración juramentada debe ser devuelto, no por los notarios, sino por el Estado.

“La falta de profesionalismo de los señores del Ministerio del Trabajo (...), ese incumplimiento generó esta anomalía; en consecuencia (...) el Estado tiene que devolver y estimo que el defensor del pueblo, de oficio, debería abrir este expediente para establecer los responsables y generar esta devolución”, dijo García, quien espera presentar un pedido en ese sentido la próxima semana.

En una entrevista en radio Majestad, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, expresó que la obligatoriedad de la declaración no nació del Ministerio del Trabajo y tampoco esta institución dio la orden o impuso la fecha, pues esto consta en la Ley que viabilizó la consulta popular que se realizó en febrero del año pasado y agregó que cuando se dieron cuenta de la “alerta” de lo que sucedía en las notarías, ese día procedieron a ampliar el plazo por un mes más, para los funcionarios que entraron desde septiembre del año pasado.

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2.000 funcionarios estima la Federación de Servidores Públicos que sí estaban obligados a hacer el trámite ante notarías. (I)