La Contraloría del Estado, al mando del entonces contralor Carlos Pólit, cambió de criterios en dos auditorías realizadas al contrato otorgado a Odebrecht para construir la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, firmado en diciembre del 2007.

En el primer informe, emitido en junio del 2008, la entidad de control analizó el proceso Swiss Challenge por el cual Odebrecht fue declarada como socio estratégico, pues invertiría recursos propios en la obra.

La Contraloría señaló que no se inició un nuevo proceso contractual para adjudicar el proyecto, pese a que el financiamiento de Odebrecht fue rechazado y el Estado ecuatoriano asumió el costo.

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A pesar de esa observación, los auditores recomendaron al final que el gerente general de Hidrotoapi vigile la correcta ejecución del contrato.

Eso contrasta con las conclusiones del segundo informe, emitido en marzo del 2009, cinco meses después de que el entonces presidente Rafael Correa expulsara a los representantes de Odebrecht, por el problema suscitado con la hidroeléctrica San Francisco, obra también a su cargo.

La Contraloría señaló que, debido a que el Estado asumió el financiamiento de la obra, Hidrotoapi debió declarar desierto el proceso Swiss Challenge y llamar a un nuevo proceso.

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Agregó que la contratación de Odebrecht no contó con estudios, programación, presupuesto referencial ni otros documentos precontractuales. También señaló que el contrato tenía once cláusulas que resultaban perjudiciales para el Estado. Por ejemplo, citó el informe, el documento no estipulaba que fueran necesarias circunstancias de fuerza mayor para prorrogar los plazos ni se determinaban multas por incumplimiento del contratista.

El contrato se terminó por mutuo acuerdo en enero del 2009, pues Correa dispuso la terminación de todos los negocios con Odebrecht en septiembre del 2008. (I)