El acceso a los medios de producción como el agua y la tierra son algunas de las demandas que plantean permanentemente los pequeños y medianos agricultores al gobierno de turno.

Una redistribución equitativa de estos recursos, en los que se incluye al capital (créditos), centra la expectativa en el agro, sector que más empleo genera en el país con 2,8 millones de personas, es decir, al 28% de la población económicamente activa –mayores de 15 años que tienen empleo o lo buscan–, según el ministro de Agricultura, Rubén Flores.

La respuesta del actual regímen es la denominada Gran Minga Nacional Agropecuaria, por la que han pasado dos ministros de Agricultura desde que se ejecuta. En octubre pasado salió Vanessa Cordero. El acceso a créditos, dotación de riego, insumos subsidiados, asistencia técnica, legalización de tierras, incentivo a la asociatividad, modernización de equipos, seguros y acceso a mercados son los nueve ejes del plan.

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Una de las metas es la titularización y redistribución de unas 200 mil hectáreas (ha) hasta el 2021 para igual número de familias. Esto a más de los títulos de las tierras redistribuidas que se entregan a asociaciones con más de una familia, según el Ministerio de Agricultura.

La entidad ya entregó 22.459 títulos de propiedad entre el 24 de mayo último, cuando asumió el actual presidente Lenín Moreno, y el 31 de enero pasado.

El último censo agropecuario realizado hace 16 años identificó 842.889 Unidades Productivas Agropecuarias. Los dueños del 68,5% de estas tenían titulos. Es decir, el 31,5% (261.294) no estaban titularizadas. La legalización de tierras es clave, ya que sirve como garantía para créditos.

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El problema yace también en los precios que reciben los agricultores por la cosecha. La política determina que ciertos productos agrícolas como el arroz y el maíz tienen costo de sustentación, valor mínimo para asegurar rentabilidad. Pero el ingreso de granos más barato por las fronteras afecta el mercado local. Con ello lidian los campesinos Tulio y Marco Briones, Gabriel Rodríguez, Édison Rojas, Blanca Toainga, de las provincias de Guayas, Los Ríos, Chimborazo, Tungurahua. Así como los de otras zonas.

El arrocero Tulio, de 60 años, asegura que el “precio oficial” de la saca de arroz es de $ 35,50, pero nunca recibe ese pago. Su hijo Marcos entregó el 2 de febrero su cosecha a los silos, en Daule (Guayas), de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Pasaron 21 días y no recibe el pago. “Allí sí nos dan en $ 35,50. Nos dijeron que en ocho días depositaban, pero nada. Los vendedores de los agrotóxicos me buscan en la casa por las deudas”, dice.

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A ello se suman las dificultades geográficas. Ciertos arroceros realizan dos cosechas durante el año, pero esto depende del sitio donde esté la finca. Se requiere de un terreno más alto y estar cerca de un río o de un canal para conseguirlo.

Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, asegura que en el país hay tres millones de hectáreas con potencial productivo, de las que el 50% cuenta con infraestructura hidráulica, pero una gran parte está en malas condiciones. “Son sistemas de riego construidos hace 60, 70 años. Hay unos que han avanzado en la tecnificación... 980.000 ha (32% del total) están bajo riego óptimo. El plan de riego tiene que incluir más áreas”, dice.

Muestra de la falta de riego es lo que ocurre en la comunidad El Placer del cantón Quero, en Tungurahua. “Aquí no tenemos regadío, la producción es buena cuando llueve por la voluntad de Dios”, indica Édison Rojas, quien siembra papas pero está desilusionado porque el precio del quintal bordea los $ 3 y $ 4. Con ese valor, dice, le alcanza solo para recuperar los $1.200 en abonos y fertilizantes.

Los agricultores del cantón Guano, en Chimborazo, viven situaciones similares. Blanca Toainga, de la parroquia Santa Fe de Galán, asegura que vende el atado de cebolla blanca en el mercado Mayorista de Riobamba a $0,30. “Antes llegó a los $ 0,10, con eso no se puede sacar ni el peón que cobra $ 11 al día”, señala.

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El cacao también tiene dificultades. En el recinto Chongonal, en Jujan (Guayas), vive Gabriel Rodríguez, de 41 años, quien regresó de España en 2012 para sembrar la tierra que heredó. Está arrepentido por la dificultad para acceder a créditos. “La burocracia hace todo lento. Fui a BanEcuador en Babahoyo. No había gente y estuve casi dos horas para que me reciban la carpeta. En España ese mismo día me decían si se puede o no, pero no te cargaban tonteando”, expresa.

Él requiere capital para instalar un sistema de riego por aspersión. Solo realizar el pozo cuesta $ 5.000. No tiene ahorros porque el año pasado invirtió $ 3.000 en las tres hectáreas de cacao. “Hice las cuentas luego de que vendí el cacao a $ 70 el quintal y $ 1.800 me están haciendo falta”, señala. Su primo espera desde noviembre un crédito en BanEcuador. “Recién este mes fueron a inspeccionar su finca”, dice.

En nueve meses del gobierno de Moreno, BanEcuador (que reemplaza al otrora Banco Nacional de Fomento) colocó 167.555 operaciones de crédito por un total de $ 712,6 millones hasta el 16 de febrero último.

Esteban Daza, investigador principal del Observatorio del Cambio Rural, indica que la Minga Agropecuaria devela una intención de integrar las políticas públicas sobre el agro de los últimos diez años que estaban aisladas, pero parte de la premisa que ve al campesino como un ser improductivo. “Una Minga que propone como eje central el crédito para aumentar la producción y el hectareaje, pero sin posibilidades reales porque no hay dinero necesario para garantizar los precios de sustentación”, indica.

Esto, acota Daza, deja que la agroindustria marque los precios y determine las reglas del mercado. “A veces a través de la UNA podían comprar a precios de sustentación a los pequeños productores, pero con la crisis no tienes esa posibilidad y la agroindustria presiona para que ingrese maíz, arroz más barato”, señala. (I)

Critican que no somos competitivos, pero cómo podemos serlo si insumos como el litro de gramoxone costaba $ 18 en 2017 y este año cuesta $ 20”.Gabriel Rodríguez, Cacaotero