“A mí no me están llamando por peculado, enriquecimiento ilícito, por apropiación de fondos públicos; a mí me están llamando por cumplir la ley que la misma Asamblea aprobó”, afirmó ayer el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, al final de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización.

Ochoa se tomó más de dos horas para exponer sus respuestas a las acusaciones presentadas por Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar (CREO), dentro del juicio político que siguen en su contra por incumplimiento de funciones.

Tanto Cuesta como Villamar afirmaron que Ochoa no descargó ninguna acusación y que están seguros de que habrá juicio en el Pleno porque “aquí ha habido discrecionalidad en el uso de la ley, uso y abuso del poder; mal uso de los fondos públicos y, sobre todo, hay una ley adulterada y eso no pudo desmentirlo”, dijo Cuesta.

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Ambos coincidieron en que el superintendente de Comunicación perdió la oportunidad en la Comisión para desmentir las acusaciones, y “lo que hizo es un análisis de la Ley Orgánica de Comunicación, en algo que parecía bastante más una rendición de cuentas de despedida”, destacó Villamar.

Indicó que en el juicio político no está en análisis la Ley de Comunicación, sino “si el superintendente actuó en derecho al aplicar esa ley”.

La exposición de Ochoa estuvo acompañada de videos, testimonios y cifras de su gestión. Dijo que no se trata de que la Superintendencia que dirige pretende imponer a los ecuatorianos lo que se debe o no escuchar, ver o leer, sino que se trata “simple y llanamente de regular en beneficio de todas las audiencias”.

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“No existe un solo medio, o que me den el nombre, que haya sido cerrado por ningún artículo de la ley, durante los cuatro años de aplicación de la misma”, afirmó Ochoa.

Indicó que en cuatro años, por concepto de  sanciones, la Superintendencia recaudó $ 754.690; mientras que los activos declarados a la Superintendencia de Compañías de los 61 medios  más importantes  suman $ 513 millones.

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Al referirse al informe de la Contraloría sobre responsabilidad administrativa cuando fue director  de Noticias de Gamatv, dijo que  carece de sustento jurídico, y que tampoco es  objeto de fiscalización, porque recién fue empleado público desde el 15 de octubre de 2013, cuando se posesionó como superintendente.

Villamar señaló que llama la atención que el contralor, Pablo Celi, en su comparecencia ante la Mesa, informara que Ochoa devolvió plata de la que había recibido, y que quedaban más de $ 20 mil por devolverse.

Sobre la impresión de los ejemplares de  bolsillo de la Ley de Comunicación, Ochoa se refirió al costo, que ascendió a $ 76.000, y no abordó el cuestionamiento respecto a la alteración del contenido.

Sobre el caso de Martha Roldós, que dijo que diario El Telégrafo publicó sus correos personales, expresó que se trataba de la defensa de “derechos personalísimos” y eso no corresponde a la Superintendencia; por lo que el caso se lo  devolvió para que  lo  complete.  (I)

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4 años y medio tiene Carlos Ochoa en la función pública.

Informe La Comisión de Fiscalización tiene que elaborar y aprobar un informe valorando las pruebas de cargo y descargo y presentarlo a la presidencia de la Asamblea, pero se pedirá más plazo, según la presidenta, María José Carrión.

Pleno Si el informe de la Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político en contra de Ochoa, este pasa a votación al Pleno.

Estoy seguro de que el juicio se va a dar, porque los elementos presentados en el juicio político no fueron contradichos, sino opiniones y criterios políticos en medios de comunicación.Fabricio Villamar, CREO

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