Exfuncionaria del IESS es condenada a 56 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito

Cincuenta y seis meses de cárcel, el pago de una reparación integral al Estado de casi $3.6 millones y una multa de 40 salarios básicos unificados ($15.440) fue la sentencia que emitió la tarde de este viernes la jueza Ana Guerrón, por el delito de enriquecimiento ilícito, contra María Sol L., exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exasesora del Ministerio de Industrias.

La condena llegó una vez la defensa de la exfuncionaria pública planteó el acogerse al procedimiento abreviado. Tras admitir el hecho que se le atribuyó y luego de un intenso análisis, la procesada alcanzó con Fiscalía y las acusaciones particulares del IESS y el Ministerio de Industrias un acuerdo en cuanto a la multa, la reparación integral y los cuatro años y medio de prisión.

El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal que habla del enriquecimiento ilícito registra una pena de hasta 10 años de privación de libertad, pero si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años.

Según Fiscalía, un peritaje contable incluido en el expediente establecería un incremento patrimonial injustificado de María Sol L. que se acerca al $1 millón.

El incremento se habría registrado entre el 2010 y el 2015, cuando ella ocupó cargos como directora General del Hospital Carlos Andrade Marín, coordinadora Nacional del IESS, asesora del Despacho del Ministro de Industrias y coordinadora General de Planificación del Ministerio de Industrias. María Sol L era investigada de forma previa por Fiscalía desde el 26 de junio de 2017.

La exfuncionaria pública y su esposo fueron detenidos el 4 de agosto pasado en la salida internacional del aeropuerto de Quito, cuando intentaban viajar a Estados Unidos junto a toda su familia. Las ordenes de detención con fines investigativos habrían sido dadas, pues existía la sospecha de un incremento patrimonial injustificado de la pareja.

Los resultados de un examen especial realizado en 2016 por Contraloría a las declaraciones patrimoniales juramentadas de la exfuncionaria, entre enero del 2010 y junio del 2015, habrían revelado inconsistencias.

Para alcanzar la recuperación de la reparación integral para el Ministerio de Industrias y el IESS, la jueza Guerrón dispuso el comiso de bienes incautados en los allanamientos, además del comiso de la parte proporcional que le corresponde de la sociedad conyugal en un departamento en Quito, en una oficina en Guayaquil, un vehículo y en 16 empresas.

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años. (I)