Actualizado a las 14:20

Concluida la exposición del superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, quien presentó este viernes las pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político en su contra, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, pidió cinco días de plazo adicional al requerido para presentar el informe.

Recibidas las pruebas de cargo y descargo de Ochoa, por la acusación de supuesto incumplimiento de funciones, la Comisión tiene cinco días para elaborar el informe y presentarlo al titular de la Asamblea Nacional, José Serrano.

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La presidenta de la comisión de Fiscalización, @majo_carrion pedirá plazo adicional para presentar informe sobre juicio político al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. @eluniversocom pic.twitter.com/RLRZ7VoR52

Carrión indicó que en "cinco días, un volumen tan grande de información, no va a poder ser analizado adecuadamente", por lo que una vez cumplidos los cinco días, pedirá cinco días más, y que espera que en menos del tiempo estimado de 10 días pueda estar listo el informe.

El documento podría ir en dos sentidos, refirió: "o no considerar que hay infracciones, o abuso de poder, o algunas de las acusaciones planteadas por los asambleístas; o en su contrario, considerar que algunas de las infracciones planteadas como los elementos sustantivos para el juicio político se han llevado a cabo como una infracción del superintendente y, en esa medida, ir al juicio político al pleno de la Asamblea".

En su defensa dentro del proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones, Ochoa indicó que no se trata de que la Superintendencia pretenda imponer a los ecuatorianos lo que se debe o no leer, ver o escuchar, sino de regular en beneficio de todas las audiencias.

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Carlos Ochoa (Supercom) afirma que las actividades como Director Nacional de Gamavision no son objeto de Fiscalización porque recién en octubre del 2013 fue funcionario público. @eluniversocom pic.twitter.com/eP7gUNNX6l

Señaló que dentro de los cuatro años de aplicación de la Ley de Comunicación "no existe un solo medio cerrado". Agregó que la Supercom recaudó por sanciones a los medios $ 754.690; y que los activos declarados a la Superintendencia de compañías por los 61 medios de comunicación más importantes, de los aproximadamente 1.200 medios existentes, son de 513 millones de dólares.

Además, dijo que la edición de la Ley de Comunicación de bolsillo costó $ 77.000, y que se escogió la oferta más baja. Pidió, además, la aclaración a la legisladora Lourdes Cuesta, quien impulsa el juicio político en su contra.

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Aclaró que no actuó en el caso de Martha Roldós porque la defensa de derechos personalísimos no corresponde a la Supercom, por lo que el 30 de enero del 2014 se remitió a la casilla judicial la solicitud para que complete su denuncia.

Sobre su trabajo en Gamavisión

En cuanto a las actividades como director nacional de Gamavisión, dijo que estas no son objeto de Fiscalización porque recién en octubre del 2013 fue funcionario público. "Dejo en claro que la supuesta destitución y las glosas de la Constraloría carecen de sustento jurídico... es elemental señores, no se puede destituir a quien no se ha posesionado".

Comisión de Fiscalización se instala en comisión general para recibir a Oscar Armas, quien dice audito por dos años el programa radial de Aurelio Davila y Luis Baldeon de radio Fútbol FM, de cuál dice que como pueblo se siente ofendido. @eluniversocom pic.twitter.com/eGsXFuYbry

También comparecieron ante la Comisión Óscar Armas, quien dijo que por dos años auditó el programa radial de Aurelio Dávila y Luis Baldeón de radio Fútbol FM; y la asambleísta Diane Rodríguez, que defiende la vigencia y aplicación de la Ley de Comunicación.

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El asambleísta Fabricio Villamar (CREO) consideró al finalizar la presentación, que la exposición del funcionario fue una defensa a la Ley de Comunicación antes que pruebas de descargo en el juicio político.

El pasado lunes la Comisión recibió al Contralor, quien entregó de manera formal la información sobre el examen especial relacionado con el superintendente Ochoa, en el que se establece responsabilidades administrativas en contra del funcionario.

Ese día también recibió a los testigos pedidos por los asambleístas acusadores Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar: los comunicadores Aurelio Dávila, Luis Baldeón, y la activista Martha Roldós, quien señaló que "Carlos Ochoa utilizó la Ley de Comunicación de manera discrecional". (I)