Los consejeros que asuman el Consejo de Participación Ciudadana de Transición y que serán elegidos por la Asamblea de 21 ternas que envíe el presidente Lenín Moreno, tras el triunfo del Sí en la consulta popular, heredan una institución con 400 funcionarios, y un presupuesto que bordea los $ 11,2 millones.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó sus funciones en el 2010 con una asignación presupuestaria de $ 5,9 millones, al 2015 ascendió a los $ 17, 5 millones y para el 2017 se redujo a $ 12,4 millones.

El consejo tiene delegaciones en las 24 provincias, la matriz en Quito y en total, hasta enero, la masa laboral registró a 411 servidores en todo el país.

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Los siete consejeros que lo conforman perciben un salario de $ 4.508 cada uno, más los ingresos adicionales como los décimos, suma los $ 4.883.

El último reporte, que data de noviembre del 2017, reseña que el presupuesto anual fue de $ 12’072.893,78, de ese monto se ejecutaron $ 11’920.375,02. Y de esa cifra el 99,24% –es decir $ 11’829.834,10– se ejecutó en gasto corriente, entre los que están los salarios del personal.

Por ejemplo, en remuneraciones unificadas en el año anterior se pagó $ 5’131.813,08; así como $ 117.398,20​ por pago de gastos por residencia a los funcionarios que provienen de provincias, y se movilizan hasta la capital.

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Para este 2018 a la institución se le asignaron recursos por $​ 11’228.695, y entre los planes que tenían los siete consejeros salientes estaba el impulsar el denominado Índice de Transparencia, que se ideó durante la administración de Fernando Cedeño, quien fue el segundo presidente del organismo.

​Para este proyecto se requerían en ese entonces recursos por $ 17 millones.

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El Consejo está internamente dividido en dos secretarías técnicas: la Secretaría Técnica de Participación y Control Social y la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción y Rendición de Cuentas.

Su presidenta Raquel González aseguró que liderará una transición ordenada, y entregará toda la información de los procesos administrativos y financieros​.

​Durante su gestión se habían ingresado un total de 103 denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la gestión pública; y el pleno emitió 85 resoluciones concluyentes​. En tanto que hay 296 expedientes en indagación.

​También se han conformado 444 veedurías ciudadanas, 21 observatorios ciudadanos y 13 comités de usuarios, que a criterio de González deberán continuar con sus labores. (I)

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Mandato
Referéndum

Cambios dispuestos
La pregunta 3 da paso a la conformación de un Consejo de Participación Transitorio que reemplazará a los actuales miembros y evaluará a las autoridades que designó. El ente definitivo se elegirá con nuevas reglas que se tratarán en el proyecto de ley que ya está en la Asamblea.