Hasta el próximo 25 de febrero se tendrán que practicar quince pruebas dentro del juicio político al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, solicitado por Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta (CREO), con 53 firmas de respaldo.

Ochoa está acusado por incumplimiento de funciones, violar la Constitución, las leyes de la Contraloría, de Comunicación y de Servicio Público. Los solicitantes consideran que Ochoa aplicó de manera discrecional la Ley de Comunicación en contra de periodistas y de medios de comunicación que criticaron al gobierno del exmandatario Rafael Correa.

Villamar reveló que este jueves serán recibidos en la Comisión de Fiscalización para presentar las pruebas de cargo, donde incluso solicitarán que se reciba el testimonio de Luis Miguel Baldeón, Aurelio Dávila y de Martha Roldós.

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La Comisión ordenó a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que entregue un detalle de los procedimientos sancionatorios iniciados de oficio contra personas naturales o jurídicas, y de ellos, cuántos terminaron en sanción; cuántos se archivaron; la infracción investigada en cada caso y las sanciones aplicadas.

Pidió copias certificadas por resoluciones emitidas por la Supercom en las cuales se haya sancionado por opiniones realizadas en medios.

Además, información sobre el procedimiento iniciado en contra de Teleamazonas, en noviembre del 2017, para determinar si fue de oficio o a petición de parte.

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Y especificaciones técnicas del contrato para la “adquisición de leyes de bolsillo para la difusión de la Ley Orgánica de Comunicación”. (I)