“En el desamparo judicial” se sienten los tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), Edwin Jarrín, Sonia Vera y Tania Pauker, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “desestimó de plano” su pedido de medidas provisionales, al denunciar que la pregunta tres del referéndum celebrado el 4 de febrero viola sus derechos.

Su reacción consta en un comunicado divulgado en las redes sociales la noche del jueves pasado, ocho horas después de lo resuelto por la CorteIDH, que realizaba su 121º periodo ordinario de sesiones, en su sede en Costa Rica.

Los tres afirmaron que se “acogerán” a lo dispuesto por el órgano internacional, pero creen que los “deja en el desamparo judicial y da paso en Ecuador a las prácticas más nefastas de la política dictatorial”.

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Ellos solicitaron el 18 de diciembre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas provisionales para impedir que se ejecute esta pregunta, pues creen que viola sus derechos humanos.

La CIDH remitió el pedido a la Corte para que expida estas medidas, pero se lo negó.

Ayer, Vera dio declaraciones a la prensa y aclaró que no se aferra al cargo y, entre otras cosas, que no es “correísta” (por los cargos que ocupó en el anterior régimen).

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Relató su vida, desde que venía de un hogar “machista”, hasta que fue discriminada por ser “mona, mujer y bonita”. Reconoció que en una ocasión no tenía trabajo y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera la llevó a colaborar con él, y fue ascendiendo en los cargos. Y que 18 años de ser servidora no la hacen “alineada políticamente a nadie”.

Esperará que le notifiquen de su cesación en el cargo, para dedicarse a sus asuntos personales. “Quiero virar la página y seguir con mi emprendimiento”. (I)