A cuatro días de que se cumpla el plazo para evitar que Estados Unidos entre en un nuevo shutdown, aún no se avizora una solución a la situación de los dreamers, que ya paralizó brevemente al país por falta del financiamiento, el pasado 20 de enero.

La fecha límite del presupuesto temporal, extendida el 22 de enero, vence este jueves y la cuenta regresiva está en marcha para el Congreso que no ha podido aprobar desde octubre pasado un presupuesto federal, paralizado y dividido sobre el contenido de una reforma migratoria, que se torna urgente.

El presidente Donald Trump ya había anticipado, a través de un tuit del 23 de enero, que dudaba que republicanos y demócratas puedan negociar hasta el 8 de febrero el DACA, programa que protege de la deportación a unos 800 mil inmigrantes que llegaron a EE.UU. siendo niños, llamados también dreamers (soñadores).

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Para votar y aprobar un presupuesto federal anual, la oposición del Partido Demócrata exige que se defina una solución para los dreamers, que quedaron literalmente en un limbo jurídico en septiembre pasado cuando Trump anunció no renovaría el programa.

Pero el Gobierno está dispuesto a ceder a un precio elevado: pide $ 25.000 millones para construir un muro en la frontera con México, refuerza drásticamente la vigilancia fronteriza, interrumpe la reunificación familiar, recorta el cupo de inmigrantes legales y suspende el sorteo de visas.

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“No somos Estados Unidos, somos Estados separados, separados por el odio... El presidente no nos conoce y nos ataca”, dijo Manuel Jiménez, un nicaragüense de 20 años que llegó a EE.UU. cuando tenía uno, tras el discurso de Trump en el Congreso, el pasado martes, en donde el mandatario retomó la agresiva retórica antiinmigrante de su campaña electoral.

“¡Aquí estamos y nos quedamos!”, gritaron jóvenes reunidos en la ONG Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

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Pero el tiempo también se agota para ellos. Pese a que el fallo de un juez de San Francisco ordena que se mantenga el DACA, la situación jurídica de los jóvenes es incierta. Los dreamers podrían enfrentar la deportación cuanto este plan termine el 5 de marzo.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo no cambia la postura del gobierno, publicó nytimes.com.

El mandatario también ha advertido no etiquetar como dreamers, es una ‘trampa’, dijo al afirmar que EE.UU. también tiene soñadores.

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Incrementan controles
En tanto, controles migratorios se han reforzado. La Policía inspeccionó 77 comercios y oficinas en los últimos días en California para detectar empleados en situación ilegal.

Semanas atrás agentes detuvieron a 21 inmigrantes en redadas a más de 100 locales de la cadena de tiendas 7-Eleven. En Florida se denunciaron controles migratorios en autobuses.

En 2017, el gobierno federal realizó 1.360 inspecciones similares y más de 300 arrestos, mientras que las empresas afectadas debieron pagar $ 100 millones por restitución de impuestos y multas.

“Esto ha provocado mucho pánico en la gente”, comentó Mariela García, militante de la asociación de ayuda a los emigrados Sacred Heart Community Services de San José, y agregó que “mucha gente renunció” a su empleo por miedo a ser arrestado.

11 millones de inmigrantes indocumentados se estima que residen en Estados Unidos.

Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en septiembre. Sabemos que la urgencia es real porque estas son nuestras vidas”.Adrián Reyna, ONG United We Dream.

(I)