En lo que va de su gestión, el contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, ha enviado al fiscal general, Carlos Baca Mancheno, al menos 78 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP, como se les conoce entre los auditores), de acuerdo con información al 31 de diciembre pasado, proporcionada por la Contraloría.

Los IRP –en los que se establece la presunción de delitos como el peculado o el enriquecimiento ilícito– se derivan de las auditorías o exámenes especiales practicados para conocer el uso de fondos públicos. Estos informes son clasificado como “reservados” o “secretos” y enviados a la Fiscalía, que es el organismo encargado de abrir una investigación previa, cuyo trámite también es confidencial, para confirmar las anomalías o archivar los casos.

Sin embargo, por iniciativa propia y por una serie de supuestos informes que circularon en sitios web y redes sociales, la Contraloría inició la verificación de los IRP del periodo del excontralor Carlos Pólit (2007-2017), actualmente prófugo en Miami debido a las investigaciones de su participación en el reparto de sobornos de Odebrecht.

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Entre esos reportes con indicios penales se encuentra uno que corresponde a una auditoría a gastos especiales (como se les conocía antes a los gastos reservados) de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en el que se incluyen egresos injustificados para la Comisión del 30S, solicitados por Baca.

Tanto Celi como Baca niegan la existencia legal de ese IRP, pues no está registrado en los archivos de la Contraloría ni de la Fiscalía; sin embargo, el 15 de enero de este año, los políticos Andrés Páez y Fernando Villavicencio presentaron copias de ese documento a la fiscal subrogante Thania Moreno y ella, al día siguiente, le dio un giro al caso: abrió una investigación previa por peculado en contra de su jefe, el fiscal general.

Ese mismo 15 de enero, Celi ordenó que se haga una auditoría a todas las acciones de control y rendiciones de cuentas referidas a la Senain, entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.

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Según Baca, quien está detrás de ese supuesto IRP es Carlos Pólit. En la Contraloría, Celi prefiere no pronunciarse y únicamente recurre a la idea de que si no está en el archivo, no es válido jurídicamente.

Villavicencio y Páez, mientras tanto, piden que el fiscal al menos tome una licencia hasta que concluya la investigación de Thania Moreno.

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De acuerdo con la legislación nacional, la Senain debe presentar una rendición de cuentas trimestral a la Asamblea Nacional y la única persona que puede llevar a cabo una auditoría de sus gastos especiales es el contralor en persona, sin delegación.

Celi aseguró que estará al frente de la nueva auditoría a la Senain, para que se conozca el criterio con el cual se estableció la periodicidad de los exámenes especiales o si hubo notificaciones y se siguió el debido proceso. “Estamos obligados a aclararlo”, dijo. (I)