Confusión, dudas, contradicciones, repudio y críticas a lo que tildaron de “ejecución extrajudicial” desató el polémico operativo de fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, que dejó nueve muertos, entre ellos el expolicía Óscar Pérez y seis de sus compañeros, en los que también se incluye una mujer, que según medios venezolanos, tenía supuestamente 7 meses de gestación.

Aunque se interrumpió el servicio de comunicaciones y de internet, videos difundidos mostraron la destrucción de la casa en donde se escondía el grupo. En una de las imágenes se ve el cuerpo de Pérez ensangrentado en el suelo.

El ataque más violento a la vivienda se realizó con un lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de las Fuerzas Armadas, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad.

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Pérez estuvo unas siete horas sitiado con sus hombres, armados, en una casa a unos 25 km al noroeste de Caracas. Durante el operativo, el expolicía difundió videos en los que, con el rostro ensangrentado, acusaba a las autoridades de intentar matarlos, pese a estar dispuestos a entregarse.

Su esposa, Dana Vivas, denunció “una masacre” y organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible “ejecución extrajudicial”, mientras que el Gobierno sostiene que las autoridades respondieron a fuego enemigo. “La familia exige al Gobierno que permita identificar el cuerpo de Pérez. No autorizamos su cremación”, apuntó Vivas.

La acción se produjo siete meses después de que el expolicía atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno.

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Maduro, a quien el exagente calificaba de ‘dictador’, aseguró que Pérez tenía ‘espeluznantes” planes terroristas.

Después de 24 horas del operativo, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó la muerte de Pérez en una rueda de prensa, en la que no se permitieron preguntas a los periodistas. Según el Gobierno, los miembros de la organización dispararon contra los integrantes de los cuerpos de seguridad e intentaron detonar un vehículo cargado de explosivos. Críticos dijeron que el Gobierno no ha mostrado esas pruebas y también denunciaron que ocultó la presencia de un miembro de los colectivos armados que estuvo en el operativo.

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Todo indica que ocurrió una ejecución extrajudicial, refirió la organización de derechos humanos Provea.

La acción “culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero (...), no se garantizó la vida de estos jóvenes”, dijo la exfiscal Luisa Ortega. “Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados”, sostuvo. (I)