Legalidad, monto y uso de la deuda en anterior Gobierno serán analizados por veedores

Establecer el monto de la deuda interna y externa del país y en qué se utilizó son algunos de los objetivos de los integrantes de la comisión que realizarán una veeduría al examen especial de la Contraloría a la deuda pública contraída entre 2012 y 2017, durante el régimen de Rafael Correa.

Durante cuatro meses el exvicepresidente León Roldós; la exfiscal Mariana Yépez; la exjueza Ana Abril, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón; el director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu; la exministra de Finanzas, Marcela Barreiro, el expresidente de la Corporación Financiera Nacional, Eduardo Valencia, los economistas Pablo Dávalos y Ramiro Crespo y los excontralores Marcelo Merlo y Alfredo Corral observarán, inspeccionarán y aportarán en cuanto al tema.

Patricio Alarcón, presidente de la CCQ, comenta que van a trabajar con los informes del equipo de investigación de la Contraloría y la comisión se encargará de verificar que dicha labor sea correcta. “Nosotros daremos ideas, una revisión más técnica de la deuda”, señala.

En ese contexto, menciona que es importante dejar en claro la legalidad, cuál es el monto de la deuda no solo la externa sino del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), revisar el costo que tuvo la preventa petrolera para el país, entre otros puntos.

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Para el economista Pablo Dávalos, el Ecuador carece de una auditoría integral de la deuda, lo que a su criterio, resultó que en la actualidad se desconozca del monto exacto de la deuda.

Dávalos indica a EL UNIVERSO que los otros 10 veedores estuvieron de acuerdo en que se derogue las resoluciones del 2010 que facilitaron el secretismo sobre la deuda externa. Manifiesta que se solicitará al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aquella derogación que impide conocer las operaciones.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, cree esencial saber cuál era la intencionalidad para decretar la reserva de la información. A su juicio, esa situación dificulta las tareas de la Contraloría.

“Se está topando con archivos donde puede conseguir copias de los contratos suscritos, pero hay documentación que no aparece y que no ha sido entregado por el Ministerio de Finanzas”, comenta a City Noticias.

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El próximo 19 de enero los 11 veedores se reunirán. Dávalos señala que todos los integrantes están planificando la metodología, visión, marcos teóricos y la hoja de ruta para acelerar el proceso.

Por otro lado, Alarcón cuenta que se está asesorando a nivel técnico y legal y espera, que para dicha fecha, tener el panorama más claro y hacer un pronunciamiento.

Aspiazu resalta que el aporte va enfocado a resolver dos puntos: establecer lo que sucedió entre el 2012 y 2017, y formular algunos correctivos en cuanto a la política pública en procesos de endeudamiento. Agrega que en aproximadamente 4 meses se espera tener resultados.

Sin embargo, Dávalos considera, que en caso de tener conclusiones antes de abril, es importante contarle a la ciudadanía cómo va el proceso. Aclara que en ese mes se decidirá la continuidad del trabajo de los veedores en el tema de la deuda.

En relación a que llegase a existir vinculación de exfuncionarios, Alarcón asevera que la Contraloría General del Estado es la encargada en ese aspecto, no los veedores. (I)