Lavado de activos es el nuevo delito relacionado a la trama de corrupción de Odebrecht por el que Fiscalia formuló cargos esta tarde y noche del martes.

En esta ocasión las empresas Diacelec y Aceros y Afines Conacero, como personas jurídicas, y Elvira I., José A., Edgar A., Maribel C. y Juan B. serán las procesadas por un lavado que se habría dado entre el 2010 y el 2017.

Según la fiscal Ivonne Proaño, el caso empezó con la denuncia del fiscal general Carlos Baca por datos que se desprenden del expediente por asociación ilícita en el que fue sentenciado a seis años de reclusión, en calidad de autores, el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y tres personas más.

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Proaño explicó que la presunción del cometimiento del delito se basa en que la empresa Columbia Managment, radicada en Panamá, de propiedad de Edgar A. y cuyo apoderado es José A., recibió en depósitos de empresas de Odebrecht cerca de $40 millones. Esta a su vez habría transferido recursos por $10 millones a Diacelec, también de Edgar A.; y $1 millón a Conacero, que tiene como accionista mayoritaria a Elvira I.

José A. y Elvira I. figuran en el expediente como hijo y esposa de Edgar A., condenado a seis años de cárcel junto a Jorge Glas.

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En la investigación previa también se habría evidenciado, dijo la fiscal, que de Diacelec se realizó el giro de cheques por cantidades que suman $2 millones a favor de Juan B., dueño del 1% de las acciones de Diacelec. A Maribel C. se la vincula a la investigación por ser la contadora de Diacelec y Conacero.

Marcelo Ron, abogado de todos los procesados en este caso, rechazó el que se quiera iniciar un juicio contra sus clientes con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, cuando el supuesto delito por el que Fiscalía los investiga inició en el 2010 y estaba vigente el Código Penal anterior.

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Una vez escuchados los 42 elementos de convicción para acusar a las personas naturales y jurídicas, la juez Paola Campaña ordenó prisión preventiva para Elvira I. José A., Juan B. y Maribel C.; mientras para Edgar A. se mantiene el arresto domiciliario con el uso del dispositivo de vigilancia que le fue ordenado dentro del caso por asociación ilícita.

Para las dos personas jurídicas Diacelec y Conacero, Campaña definió que sean intervenidas por la Superintendencia de Compañías y ordenó que se les incaute varios bienes muebles e inmuebles. La medida de incautación de bienes muebles e inmuebles también alcanza al resto de procesados. (I)