Corte Nacional de Justicia concluyó que Jorge Glas y Ricardo Rivera facilitaron los contratos para Odebrecht

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía concluyó que el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, en conjunto con otros funcionarios públicos y empresarios, cometieron el delito de asociación ilícita. Los acusó, entre otros calificativos, de haber liderado una “organización delictiva y criminal” o de haber propiciado un “consenso de voluntades para delinquir”. Los llevó a juicio y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) le dio la razón en sus tesis.

Glas, Rivera y otros tres procesados fueron sentenciados a 6 años de cárcel, mientras que tres más –por cooperar con la investigación– recibieron una condena de 14 meses de encierro. A Diego Cabrera se le ratificó su inocencia.

El fallo fue leído por el juez Édgar Flores en 44 minutos, el pasado 13 de diciembre, tras cuatro días de deliberaciones y a una semana de que se cumpla un año desde que, el 21 de diciembre de 2016, estalló el escándalo de la entrega de millonarios sobornos de Odebrecht en Ecuador y en otros once países, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque esta es la primera sentencia dictada en relación con el llamado caso Odebrecht, en abril de este año, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y su tío Marcelo E. fueron detenidos bajo la sospecha de haber lavado 1 millón de dólares pagados por la constructora. Para el entonces presidente Rafael Correa, ese dinero no era una coima, sino “parte de un acuerdo entre privados”.

En febrero, en plena campaña para la elección de Lenín Moreno y la reelección de Glas, los opositores ya manifestaban públicamente sus dudas sobre el papel del vicepresidente en actos de corrupción.

Para la segunda vuelta, Glas pidió que se le inicien las investigaciones que las autoridades consideren para poner “un punto final a una campaña sistemática de destrucción”.

Tras ganar las elecciones, en mayo, el vicepresidente continuó desafiando a sus detractores. Esta vez pidió, además, que se llame a declarar a su esposa y a todos los ministros, exministros, gerentes y exgerentes de empresas públicas desde 1987 que hayan ejecutado contratos con Odebrecht.

El fiscal que inició las indagaciones fue Galo Chiriboga, exministro y exembajador de Rafael Correa, pero dejó su cargo en mayo, de manera anticipada, para ser sustituido por Carlos Baca, quien ganó el concurso del Consejo de Participación Ciudadana, tras haber sido asesor del exmandatario.

Sin embargo, el 2 de junio, 23 días después de que Baca se posesionaba como nuevo fiscal general, se constituyó en un hito de la investigación: se ordenó el allanamiento de casas y la detención de seis personas, entre ellas Ricardo Rivera. Ese mismo día también fue allanada la vivienda del entonces contralor Calor Pólit por otro delito (concusión) vinculado al caso.

Desde la Vicepresidencia, Glas siguió desafiando a quienes lo señalaban. Hoy, desde la Cárcel 4, tiene el mismo argumento: “Soy inocente, no hay una sola prueba”.

Vicepresidente sin funciones

Hasta que llegó agosto. El 3, el presidente Moreno retiró las funciones a Glas; el 9 daba sus testimonio ante la fiscal Diana Salazar, quien a las pocas semanas determinó diez elementos de convicción que lo relacionaban con el delito. Para el 29, Glas estaba procesado, el caso pasó al fiscal general y el juez Miguel Jurado lo vinculó como parte de una “estructura delincuencial” con Pólit, el exdirector de Odebrecht en Ecuador José Santos, tres apoderados de la brasileña, los exfuncionarios de PDVSA Freddy Salas y Alexis Arellano, y el empresario ecuatoriano Ricky D. En total: 18 procesados.

A Glas se le impuso la prohibición de salida del país, pero en octubre, cuando terminaban los 120 días de instrucción fiscal del caso, Baca creyó que se habían encontrado nuevos elementos que hacían necesario dictarle la prisión preventiva.

Tras las diligencias judiciales, el 24 de noviembre el juez Jurado resuelve llamar a juicio a trece procesados en calidad de autores del delito y el 24 se inicia la audiencia de juzgamiento en contra de 9 de ellos, pues 4 están prófugos, con un tribunal formado por los magistrados Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez.

Para la defensa de Glas y de Rivera, el fallo no es más que la expresión de un ataque político. Aún tienen dos instancias nacionales para apelar. (I)