El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, pidió esta mañana la pena máxima por el delito de asociación ilícita, para el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, en calidad de autor del delito.
Baca hizo el pedido al presentar los alegatos finales en el juicio que se sigue desde el 24 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia contra Glas y otras ocho personas procesadas, entre ellas su tío Ricardo Rivera, e instó al juez a que dicte sentencia.
El fiscal inició su exposición explicando el delito de asociación ilícita a través de las asistencias penales internacionales, los testimonios y la pericia de análisis financiero realizada, que constata los montos de transferencias por $ 33,5 millones.
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Ambas partes, acusadora y defensa, llegaron esta mañana a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cuya audiencia de juzgamiento llega hoy a su día 13.
Este mismo jueves, el procurador del Estado, Diego García, alertó sobre la indefensión en la que queda el estado ecuatoriano, una vez que los jueces excluyeron al representante de la Procuraduría del caso, debido al retraso de su representante en el día 11 de la audiencia.
García dijo que los jueces deberían permitir que la Procuraduría presente sus alegatos de cierre, para no violar la norma contenida en el artículo 432, numeral 1 del COIP.
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Baca presentó los alegatos de cierre en la audiencia de juzgamiento, que son los argumentos jurídicos y conclusiones a las que llega la Fiscalía luego de presentar sus pruebas, acusar a cada procesado y solicitar al juez que dicte la sentencia.
La Fiscalía señaló que se ha demostrado la participación de Glas en la estructura delincuencial con los testimonios del ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera; de los exfuncionarios Rafael Poveda, Marco Calvopiña y Eduardo Barredo; de su tío y de José Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador.
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El fiscal explicaba que Glas en el ejercicio de sus funciones mantuvo el control de distintas áreas estratégicas: la hidrocarburífera, hidroeléctrica, riego y telecomunicaciones.
Junto al poder y a la injerencia que ejercía Glas, Baca también dijo que se probó la relación más allá de lo familiar que mantuvo con Rivera, de quien señaló actuaba como su intermediario, además de que quedó demostrado que las obras en donde se produjo este esquema de sobornos pertenecían a los sectores estratégicos.
Julio Sarango, abogado de César Montúfar, acusador particular de Glas, pidió para el acusado la pena máxima y agregó que como reparación integral exigía que el mandatario pagara la mitad de lo que Rivera recibió de Odebrecht ($ 14,1 millones), es decir, $ 7’050.000.
Eduardo Franco, defensor de Glas, afirmó que el tipo penal que se quiere aplicar no es el adecuado y aseguró que no se ha logrado demostrar la materialidad del delito y tampoco se ha evidenciado cuáles son los delitos de menos de cinco años que se han cometido en esta supuesta asociación ilícita.
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En el caso de Rivera, Baca indicó que se ha probado la presencia de archivos referentes a la vicepresidencia en sus computadoras. Y que el testimonio de Santos lo presenta como intermediario de Glas en la entrega de dinero de contratos.
Alegatos desde este jueves
El Tribunal suspendió ayer la audiencia, y hoy se reanudó para dar inicio al debate que versará en 4 parámetros: existencia de la infracción, responsabilidad de la persona en el hecho, la pena aplicable y responsabilidad integral.
El conjuez Édgar Flores indicó ayer que este jueves, a la hora que sea, terminará la etapa de alegatos finales y, una vez concluida, el Tribunal ingresaría a analizar la resolución que tomará en el caso de asociación ilícita.
La Fiscalía, que se abstuvo de acusar del mismo cargo al delator y exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, advierte desde hace semanas que Glas y otros involucrados podrían ser acusados de más delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito, con penas mucho mucho más severas. (I)