Siete minutos le significaron a la Procuraduría General del Estado su salida del proceso por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, luego que el tribunal penal, integrado por tres jueces, determinara que el Estado quede en indefensión.

A pesar de esta decisión, la Procuraduría comunicó que solicitó la revocatoria a la resolución; sin embargo esta fue negado de manera inmediata. “El atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la acusación particular en una audiencia que se inició hace más de diez días, con la decidida actuación de la Procuraduría; sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados”, indica.

Según el abogado Xavier Castro, la Procuraduría ya no podría apelar, aunque resalta que continúa bajo la condición de víctima, lo cual significa que no pierde su facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular. Castro señala que el artículo 432 numeral 1 del COIP es claro.

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La Procuraduría también se acogió al artículo 433 numeral 6: La o el acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar presente, caso contrario se declarará abandonada la acusación particular, la o el fiscal continuará con el impulso del proceso.

Castro afirma que aunque el Estado -a través de la Procuraduría- haya perdido, sigue siendo víctima en el proceso y continúa en su calidad de ser indemnizada, dependiendo del veredicto. Cree que no hay mayor diferencia con la reciente decisión del tribunal.

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Sin embargo, califica a aquella determinación como “exagerada y sospechosa”. En cambio para el jurista Miguel Macías fue un “error” que los representantes del organismo no hayan asistido a tiempo. “Me parece una barbaridad que la Procuraduría quede fuera de Odebrecht”, sostiene.

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Castro y Macías coinciden en que es indispensable que el Estado reclame los valores por la afectación. “Lo que tiene que regresar es el valor del daño que sufrió el Estado por los funcionarios corruptos”, resalta Castro.

En septiembre pasado, esa institución acusó particularmente a los procesados, pues aseguró que usando un esquema de corrupción se habrían generado más de $33,5 millones en coimas y se detectaron cerca de $40 millones en movimientos de dinero.

El proceso por asociación ilícita se sigue en contra del vicepresidente -sin funciones- Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros siete procesados en calidad de autores.

Procuraduría en otros procesos

La Procuraduría General del Estado podría intervenir en otros procesos sea por cohecho o concusión relacionados a la constructora brasileña Odebrecht, así lo asegura Castro, quien agrega que al ser representante del Estado tiene la obligación de participar.

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"Reparación integral"

Esta mañana el fiscal general del Estado, Carlos Baca, informó que aunque no se cuente con la presencia de la Procuraduría en el proceso, como acusador particular, la Fiscalía representará a la ciudadanía y solicitará la reparación integral.

Fiscal general Carlos Baca afirma que el pueblo ecuatoriano está representado en el caso por asociación ilícita por la Fiscalía y solicitará la reparación integral. @eluniversocom pic.twitter.com/hmodh3ohCe

"El pueblo ecuatoriano está representado en el caso por asociación ilícita por la Fiscalía y solicitará la reparación integral (...) Se han encontrado los elementos y evidendicas respecto de lo que debe de ser para una reparación integral", expresó. (I)