Después de fracasar en su intento de secesión de España, los partidos independentistas de Cataluña depositan su confianza en el renombre de sus líderes encarcelados o exiliados para imponerse en las elecciones del 21 de diciembre.

Pero las diferencias entre ellos son tales que, aun en caso de victoria, les será cuesta arriba formar un gobierno y volver a desafiar al Estado, estiman analistas.

En las últimas regionales en 2015, lo independentistas consiguieron la mayoría absoluta en el parlamento catalán, con 47,8% de los votos.

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Los últimos sondeos les atribuyen entre 45 y 46% de intención de voto, pero algunas proyecciones advierten de que podrían perder su mayoría en escaños.

Su único tema en común para la campaña, que oficialmente comienza el martes a las 00H00, es la denuncia de la "represión" del Estado, que puso bajo tutela a la región el 27 de octubre luego de que el parlamento catalán proclamara unilateralmente la "República catalana".

Con el apoyo de una mayoría en el parlamento en Madrid, el gobierno central de Mariano Rajoy echó mano de un artículo de la Constitución nunca usado plenamente, para destituir al gobierno catalán, disolver el parlamento y convocar las elecciones.

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El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, se fue a Bruselas con cuatro de sus ministros para evadir procesos judiciales, que llevaron al resto de su gobierno a prisión provisional. Todos son investigados por rebelión -grave delito por el que podrían enfrentar 25 años de cárcel-, sedición y malversación de fondos.

Las dos principales fuerzas separatistas, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y el conservador PDeCAT de Puigdemont, que en 2015 compitieron en coalición, van esta vez por separado. El otro partido independentista, la izquierda radical de la CUP, les reprocha no haber llamado a sus seguidores a las calles para resistir al gobierno central.

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'Habrá bofetadas' 

ERC, dirigido por el vicepresidente destituido Oriol Junqueras que podría el lunes salir en libertad provisional como los otros detenidos, marcha adelante en los sondeos y espera dirigir el próximo gobierno separatista.

Este partido no fija ahora plazo para una eventual independencia, reconociendo que no es alcanzable por el momento a falta de consenso en Cataluña, donde el tema genera profunda división.

Puigdemont, al frente de su propia lista Juntos por Cataluña, no da su brazo a torcer. Desde Bruselas, hace campaña mediante entrevistas a medios, en las que dice pretender ser restablecido en el poder como "presidente legítimo" y poner en jaque al gobierno central.

"Hemos visto movimiento en el último mes de unos 200.000 votantes que se han pasado de querer votar a ERC a querer votar a Puigdemont", señala a la AFP Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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"De aquí al 21 de diciembre, la disputa dentro del ámbito independentista se va a hacer más dura y van a haber bofetadas", augura. "El problema es que mientras ellos se disputan el voto duro, lo que pueden provocar es una fuga de votos", que les impida renovar la mayoría absoluta, advierte.

Del otro lado, los partidos contrarios al independentismo apuestan por una participación electoral récord para derrotar a los secesionistas, aunque también hacen campaña divididos.

El partido liberal Ciudadanos, segunda fuerza política en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular de Rajoy -gobernante en España pero mal visto en esta región- se disputan el mismo electorado y no han querido aliarse.

"Creo difícil una repetición de [un gobierno de] los tres partidos que están dentro del bloque independentista, al igual que veo difícil un gobierno tripartito de los tres partidos en el otro bloque", estima José Pablo Ferrándiz, del instituto de sondeos Metroscopia.

Ante este panorama, podría ser decisivo Cataluña en Común, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la izquierda radical de Podemos, según Ferrándiz.

Esta pequeña formación se opone a la independencia pero reclama un referéndum de autodeterminación, que Madrid y la justicia española juzgan inconstitucional.

"Si volvemos al mismo debate de hacer un referéndum que no se puede hacer con el marco legal vigente, entraremos en el mismo discurso que no nos ha llevado a ningún sitio", advirtió a la AFP el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo. (I)