Ayer concluyeron en la Corte Constitucional las audiencias de amicus curiae sobre las dos preguntas de la consulta, y justo mientras esta se desarrollaba el Ejecutivo emitía los decretos para convocar al plebiscito, los cinco jueces constitucionales que estaban presentes en dicha audiencia optaron por guardar silencio frente a esa decisión del primer mandatario de pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar al proceso.

La audiencia se instaló a las 09:30 y concluyó a las 12:10. El presidente Lenín Moreno envió a dos abogados en su representación para que fundamenten la constitucionalidad sobre la derogatoria de la Ley de Plusvalía y la ampliación de la zona intangible en el Yasuní.

El último en intervenir fue el director tutelar de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, quien apoyó la consulta.

Publicidad

Acudieron representantes del colectivo Yasunidos, como Alicia Coawiya, de nacionalidad huaorani, que pidieron claridad sobre zonas intangibles.

Entre los políticos correístas para pedir la negativa de las dos preguntas en discusión estuvieron Virgilio Hernández, Luis Molina, Carlos Viteri y Esteban Melo. Los demás no acudieron, como Gabriela Rivadeneira.

Cuando intervino Hernández ya se sabía que Moreno presentaría la convocatoria a consulta y aprovechó su intervención para decir que “de las mangas se han sacado un argumento de que el CNE podría convocar a consulta sin esperar el dictamen de la Corte, cuando solo hay que leer el último inciso del artículo 104 de la Constitución” (que indica que el presidente podrá convocar a consulta en cuestiones distintas a reformar la Constitución).

Publicidad

Al término de las audiencias, la jueza Tatiana Ordeñana se limitó a señalar que como jueces están participando en las diligencias sobre la consulta popular; y no quiso responder sobre la constitucionalidad de lo actuado por Moreno. Mientras, afuera de la Corte, un grupo de obreros festejaban la decisión del mandatario. (I)

No hay cómo hacer una consulta popular, para aquellos que de las mangas se han sacado un argumento, si es que la Corte Constitucional no establece previamente un dictamen.Virgilio Hernández, exasambleísta de AP