Campañas, programas nacionales y locales, pedidos de ordenanzas municipales y una ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres son parte de las acciones que se emprendieron en los primeros seis meses del actual Gobierno, ante el aumento de femicidios (que ya sobrepasan los 100 casos) y de maltrato intrafamiliar.

En estos seis meses también salieron a la luz los delitos sexuales registrados en el sistema educativo y que estaban ocultos para la ciudadanía. La alerta la dieron padres de niños de 6, 7 y 8 años, que denunciaron que sus hijos fueron víctimas de abusos sexuales por parte de profesores en el colegio réplica Aguirre Abad. El caso se hizo público el 6 de octubre.

Desde ahí se conocieron más casos, la mayoría, ocurridos en años anteriores durante el mandato de Rafael Correa. El presidente Lenín Moreno instó a denunciar los casos de delitos sexuales cometidos en las instituciones educativas. Lo mismo hicieron otras autoridades.

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Hasta finales de octubre último, en el sistema educativo nacional se contabilizan 948 denuncias por delitos sexuales desde el 2008 hasta el 2016, según las cifras de entonces del Ministerio de Educación. Y en la mayoría estaban implicados docentes, compañeros, autoridades, personal administrativo y público de los planteles.

Las denuncias recibidas eran solo del sistema educativo público o fiscal. De los privados no había registro, dijo a fines de octubre el ministro de Educación, Fander Falconí. No obstante, los casos en establecimientos particulares han aparecido en los últimos días.

Revisión de protocolos y actuaciones, capacitaciones, nuevas denuncias de casos en la Comisión ocasional Aampetra (creada en julio pasado en la Asamblea para investigar los delitos sexuales en centros educativos) y un intento fallido de llevar a juicio al exministro de Educación Augusto Espinosa se dieron tras conocerse estos hechos que causaron conmoción, según las autoridades.

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Hay casos, en la Costa, Sierra y Oriente, que ya caducaron administrativamente. Son 80, entre 2010 y 2015, dijo el martes 21 Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Aampetra.

Por ello, el presidente de la Asamblea, José Serrano, entregó ese día una denuncia en la Fiscalía de Pichincha porque, según él, al menos 40 autoridades de Educación –de distintos niveles– estarían involucradas en estos casos. Aquí no estaría el exministro Espinosa.

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Función Judicial, Ministerio de Educación y otras dependencias trabajan en conjunto en este tema.

En la Fiscalía del Guayas, donde se han denunciado los últimos casos, por ejemplo, se han fortalecido las capacitaciones a funcionarios, autoridades políticas, alumnos, maestros, entre otros, para evitar la revictimización, dice Patricia Morejón, su titular.

Aquí se va a designar a dos fiscales especializados para que investiguen los delitos sexuales en centros educativos.

Con ello pasarían a doce las fiscalías de violencia de género, agregó. (I)

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948
Denuncias por delitos sexuales había en el sistema educativo, en nueve años, a nivel nacional, se dijo en octubre.

En consulta
Reforma legal. El presidente Lenín Moreno, proponente de la consulta popular, incluyó una pregunta para que nunca prescriban los delitos sexuales que se cometan en contra de niños y adolescentes, tesis que es apoyada por diversos grupos.
De ser aprobada esta pregunta, se deberán también modificar numerales e incisos de los artículos 16 y 74 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)

Violencia
Denuncias. La violencia psicológica es el segundo delito más denunciado en Guayaquil y en Guayas, después del robo. Así, en el 2016 se denunciaron en la provincia 15.256 casos (de estos, 10.730 eran de Guayaquil) y en los primeros diez meses de este año, 10.851 (de estos, 7.107 son de Guayaquil). Sobre los delitos sexuales, estos se empezaron a denunciar más tras el estallido de los casos ocurridos en el sistema educativo, dice Fiscalía. (I)