La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue publicada el 25 de junio de 2013 como respuesta a la consulta popular del 2011. Según César Ricaurte, director de Fundamedios, primó un régimen de censura previa en el país, pese a que supuestamente la ley lo prohibía (artículo 18), porque consagró el control estatal sobre las líneas editoriales de los medios y la imposición de contenidos a través de figuras de rectificaciones (artículo 23) y réplicas (artículo 24), que no eran tales, y el abuso de cadenas nacionales para establecer la verdad oficial.

Agrega que la normativa creó un régimen de protección especial a los funcionarios públicos. “Un régimen de impunidad que fue el complemento a otras dos impunidades: la judicial, con la ‘metida de mano en la justicia’, y la administrativa, con la corrupción del contralor destituido y de los otros organismos de control estatal”.

Ricaurte expresa que la LOC castiga la investigación periodística y las denuncias de hechos de corrupción con figuras como el linchamiento mediático, la censura por omisión y la imposición de normas deontológicas. Recordó que uno de los casos juzgados como linchamiento mediático fue una investigación de Teleamazonas sobre corrupción y mala calidad de medicinas que se compraron y distribuyeron en el sistema público de salud. (I)

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Contratación pública
Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadana y Desarrollo, dijo que la Ley de Contratación Pública excluyó los contratos relacionados con la comunicación social y los que tienen que ver con información de las acciones del Gobierno. Por ejemplo, cadenas o enlaces que han sido denunciados como parte del mal uso de fondos públicos, como GamaTV.