Tres escenarios se presentan en torno a Jorge Glas Espinel que lo llevarían a perder su cargo de vicepresidente de la República: lo judicial, constitucional y lo legislativo, que se enlazan y complementan entre sí.

El juicio penal que se avizora contra él como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, como lo acusa la Fiscalía, abonará al juicio político que presentó la oposición en la Asamblea Nacional y que constituye otro escenario para llevarlo a la destitución.

La otra vía se refiere a una causal para quitar la investidura contemplada en el artículo 145 de la Constitución: abandono de cargo, y que depende de la decisión del juez de mantener la orden de prisión preventiva contra Glas que supere los 90 días; ahora lleva 41 días de estar preso en la Cárcel 4.

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En el Parlamento ya se debaten estos escenarios. El coordinador del bloque PSC, Henry Cucalón, considera que la destitución de Glas debería ser por la vía del juicio político, más allá de lo rápido o no que pueda ser, pero ahí se puede argumentar que cometió infracciones y delitos políticos vinculados con corrupción, pues en el caso de la destitución por abandono del cargo, su infracción o causal es simplemente de que no ha ejercido el puesto por tres meses.

El inicio del trámite para declarar en abandono del cargo del vicepresidente, agrega, puede darse a petición de cualquier asambleísta o del propio presidente Lenín Moreno, una vez que hayan pasado los tres meses que dispone la ley.

Tanto en la declaración del abandono del cargo como en el juicio político se necesita del pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuyos plazos para el trámite no deberían superar las dos semanas, de acuerdo con el procedimiento; y en ambas vías requieren de al menos 92 votos en la Asamblea, para aprobar su cesación del cargo.

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Marcela Aguiñaga, de AP, no ve pruebas suficientes para probar en un juicio político que Glas cometió peculado, concusión y cohecho; que la solicitud de la oposición carece de oportunidad, pues debió esperar la acusación fiscal y el dictamen del juez para determinar las causales de la interpelación.

Su coidearia Sofía Espín aclara que la Vicepresidencia recién podría declararse en abandono luego de cinco meses, tomando en cuenta que Glas tiene dos meses de vacaciones, y los 90 días que determina la ley.

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Guillermo Celi (SUMA) también considera que el juicio político es el camino más idóneo para destituir a Glas, independientemente de que la Corte de Justicia proceda a dictar sentencia y ratifique la detención.

Señala que el escenario del abandono del cargo demanda de más tiempo, y que el proceso de juicio político debería llevarse en menos de 60 días, que es el plazo en que Glas cumpliría los 90 días de estar fuera del cargo y en la celda. Los votos de SUMA apoyarán cualquiera de las vías para destituirlo.

René Yandún, de la Bancada de Integración Nacional, insiste en que el juicio político es el más idóneo. Para Fabricio Villamar (CREO) esa también es la vía legítima, y advierte de otro escenario: el pedido que notificó la Contraloría a la Asamblea para que se destituya a Glas por responsabilidades administrativas en la adjudicación del campo Singue, que determinó glosa de $ 80 millones. (I)