La entrada en vigencia de la Tasa de Servicio de Control Aduanero, de $ 0,10, que se aplicará desde mañana tras su publicación en el Registro Oficial la semana pasada, se mantiene en compás de espera una vez que la tarde de este sábado las Cámaras de Comercio, de la Construcción y de Industrias de Guayaquil interpusieran en el Complejo Judicial del Albán Borja un recurso para frenarla.

Se trata de un pedido de medidas cautelares de naturaleza constitucional, explicó Gabriela Uquillas, asesora en temas aduaneros de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), quien hizo la entrega del pedido cerca de las 13:30.

La experta señaló que el equipo legal de la Cámara identificó varias irregularidades dentro de la norma emitida el miércoles pasado en el Primer Suplemento 115 del Registro Oficial, lo que dio paso a argumentos, que según la Cámara, son suficientes para considerar la suspensión de la medida.

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“La idea es lograr que esta tasa que es perjudicial para el comercio y para el ciudadano en general no entre en vigencia porque hemos evidenciado, más allá de una serie de vicios de fondo, una serie de vicios constitucionales que afectan su validez y su legalidad”, manifestó Uquillas, quien entre estas irregularidades se refirió, en especial, al anexo que explica la unidad de control, variable necesaria para calcular el valor de la tasa por producto.

La asesora aseguró que la información que tiene que ver con la unidad de control contiene vicios de transparencia y de seguridad jurídica. Agregó que realizaron una diligencia notarial para constatar que tal anexo que dice estar publicado en la página web del Servicio Nacional de Aduanas, según Uquillas, no consta como tal.

“Lógicamente se están violentando los principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica que son básicos en las leyes y especialmente en las normas tributarias”, expresó la asesora aduanera.

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En tanto, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tuiteó parte del contenido del pedido hecho a la función Judicial y además señaló: “Llamamos a la Presidencia (de la República) a disponer la eliminación de este nuevo impuesto”.

Mientras, la tarde de ayer, luego de hora y media de espera, Uquillas, quien aguardaba una respuesta en el complejo judicial, fue notificada de que la solicitud recayó por sorteo en el despacho de la jueza Gladys Martínez, de la Unidad Judicial de La Florida; y a las 15:53 el proceso fue ingresado, pero hasta la noche del sábado no había un pronunciamiento de la jueza.

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Confiamos en el sistema judicial, confiamos en los argumentos que se han expuesto y confiamos en que en mérito de la atención a la ciudadanía esta medida sea suspendida”.Gabriela Uquillas, Asesora de CGG

(I)