La polémica ‘ley del odio’ que aúpa al poder del oficialismo en Venezuela

Domingo, 12 de Noviembre, 2017 - 00h08
12 Nov 2017

Hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan delitos de odio. Esa pena es parte de la polémica “Ley contra el Odio” de 25 artículos aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la que el régimen de Nicolás Maduro quiere alcanzar “la paz”.

Opositores dicen que esta ley “criminaliza la protesta” y servirá para darle el poder al Gobierno de liquidar políticamente a cualquier actor o partido que llame a la desobediencia.

Laura Louza, de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a El Universal que la ley viola los artículos 57 y 58 de la Constitución actual, según la cual toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus pensamientos a través de cualquier medio y que todas las personas tienen derecho a una información oportuna, veraz y sin censura.

Louza subraya que no está definido qué es un mensaje de odio en la normativa, ni cómo se determinará si se incumplió con esta ley, que servirá para proteger al Gobierno, perseguir e iniciar violencia política. Mensajes en las redes sociales podrían convertirse en prueba de los ‘delitos’, refiere.

Si la comisión, integrada por miembros cercanos al Gobierno, que se creará para supervisar que se cumpla la ley considera un mensaje como un insulto o expresión de odio, también podría ser causa de sanción y cierre para medios que lo reproduzcan. Estos últimos también están obligados a difundir gratuitamente, por 30 minutos semanales, mensajes de “paz, tolerancia, igualdad”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió que se derogue la ley porque puede conducir a una “grave afectación” del derecho a la libertad de expresión y las sanciones penales son ‘exorbitantes’.

La ANC, con aliados del Gobierno, ha acogido propuestas de Maduro que han reducido y debilitado a la oposición y han fortalecido más al mandatario. Destituyó a la ex fiscal general Luisa Ortega, chavista que se había rebelado contra el Ejecutivo, y puso a Tarek William Saab, hombre de confianza del presidente.

Creó una Comisión de la Verdad para investigar a líderes opositores que participaron en las protestas; ordenó al Consejo Nacional Electoral realizar las elecciones de gobernadores de octubre, que pese a los sondeos contrarios ganó el oficialismo en 18 de los 23 estados, en unas cuestionadas elecciones.

Maduro ya anticipó que ganarán en los comicios municipales de diciembre próximo y en las presidenciales de 2018. Lo hizo esta semana, en medio de la presión de los acreedores que esperaban el cumplimiento de pagos vencidos. Unos $ 930 millones suman los valores que Venezuela debía pagar en estos días. En lo que queda del año tiene otros vencimientos por $ 1.470 millones. El año próximo deberá pagar cerca de $ 8.000 millones.

Mañana será un día clave para el país sumido en la crisis. En Nueva York, tenedores privados de deuda se reunirán para evaluar las consecuencias del atraso de pagos de la petrolera PDVSA. Mientras, en Caracas, una comisión del gobierno de Maduro y tenedores de bonos se reunirán para ‘reestructurar’ la deuda de unos $ 150.000 millones.

Artículos más controversiales

Política pública
El artículo 7 dice que el Estado hará políticas públicas para garantizar la convivencia pacífica, fundamentada en valores y principios establecidos en esta ley, en dos ejes: 1. Procesos familiares, educativos, culturales, recreacionales, deportivos, comunales, comunicacionales, institucionales, laborales y sociales, con énfasis en niños, adolescentes y jóvenes; 2. Los procesos de prevención y control de las formas de violencia, odio, intolerancias y otras conductas relacionadas.

Partidos políticos
El artículo 11 dice que los partidos y organizaciones políticas que ‘promuevan’ el ‘fascismo’, la intolerancia o el “odio nacional, (...) político, social, ideológico”, entre otros casos, no podrán ser inscritos o constituidos en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de los que incumplan lo previsto.

Fuertes sanciones
Según el artículo 20, quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta  a determinado grupo social, étnico, religioso, político, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.

Castigo a medios
Medios que difundan mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional se le revocará la concesión, según el artículo 22.

25 artículos
Esa es la cantidad de normas que componen esta nueva ley constitucional venezolana. (I)

La polémica ‘ley del odio’ que aúpa al poder del oficialismo en Venezuela
Internacional
2017-11-12T00:17:12-05:00
La ley no explica qué es un delito de odio y puede ser utilizada para la persecución, advierte analista.
El Universo