Zaruma es una ciudad pequeña, de 25.000 habitantes, de calles empinadas que suben, bajan y cruzan sobre una colina y se extienden por otros cerros cercanos. Por su arquitectura es Patrimonio Cultural del Estado y está en la lista de elegibles de la Unesco para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Hasta hace mes y medio registraba una intensa actividad es sus negocios: ferreterías, tiendas, abacerías, almacenes de ropa, de tela, zapaterías, restaurantes y hasta oficinas turísticas. El transporte registraba intenso movimiento. Por ejemplo, Luis Cobos, de la cooperativa Zonoriente, obtenía de $ 50 a $ 60 en una jornada diaria.

Llegaban turistas. El año pasado fueron 15.000 visitantes, según el alcalde, Jhansy López. El movimiento económico giraba en torno a la minería, con 44 concesiones legales en sus alrededores, fuera del área de exclusión de 170 hectáreas.

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Allí se empleaban al menos 4.000 personas en forma directa. De la minería también vivían miles de informales.

Pero desde el 14 de septiembre pasado, cuando el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y prohibió la minería legal e ilegal, la realidad cambió. El origen de esa medida radical, tomada para 60 días y con posibilidad de extenderse durante otros 30, fue la caída de la escuela La Inmaculada y el riesgo para la población por la cantidad de minas existentes bajo la ciudad.

Baja en negocios

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Hoy, Luis Cobos, el transportista, percibe unos $ 15 al día. La mayor parte de camionetas de esa cooperativa y de las otras tres existentes pasan estacionadas. “En seis semanas ya no tenemos para pagar la letra del crédito bancario”, se queja.

José González, de 63 años, tiene una pequeña tienda a 20 metros del hundimiento que se tragó la escuela y donde ahora se ejecutan trabajos de relleno con parte de los $ 4 millones otorgados por el Gobierno para la emergencia. En su negocio vendía $ 70 en promedio.

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Hoy, $ 10. Dice estar de acuerdo en que se eviten más hundimientos, pero cree que se debe dejar trabajar en las zonas fuera del área de exclusión.

“Deben controlar, los del anterior gobierno deben responder, nunca hicieron nada”, asegura el hombre.

Y cada dueño de negocio hace cuentas. Los dueños de ferreterías señalan pérdidas de cientos y hasta miles de dólares al día. La emergencia incluso ha afectado al turismo, los hoteles casi no tienen clientes.

En este año van 9.000 visitas y hay dudas de que lleguen a las 15.000 del año pasado.

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Afectado turismo

La preocupación llevó a que el pasado lunes, casi un centenar de comerciantes y transportistas se reunieran en el Municipio con delegados de entidades bancarias y cooperativas de crédito. Fredy Macas, dirigente de la cooperativa de camionetas Zonoriente, afirma que su organización tiene $400.000 en créditos a la coop. de crédito Jardín Azuayo.

Temen entrar en mora. Los representantes crediticios ofrecen analizar los casos.

La emergencia activó un Comité Ciudadano, que entre otros lo dirige José Victoriano Ochoa. El pasado jueves hicieron un plantón, en protesta por “la pésima dirección técnica para evitar el colapso de la escuela”, cuyo primer hundimiento se dio hace un año.

Y la reacción por la crisis ha motivado que desde hoy se activen plantones diarios. Exigen controles, alternativas de ingresos y soluciones rápidas.

El alcalde asegura que el Comité Multidisciplinario, creado con el estado de excepción e integrado por los municipios, secretarías de Riesgos y del Agua, ministerios del Ambiente y de Minas y Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero), busca alternativas permanentes que no solo dependan de la minería, pero las concesionarias legales se irán abriendo luego de las inspecciones.

Ángel Loaiza, ingeniero con experiencia en manejo de suelos, señala que el problema no solo es económico, sino de infraestructura, al que lo califica como grave. “Esto es producto de la estupidez humana, de la corrupción, de la codicia”, señala. Indica que desde hace tres décadas se usaba dinamita día y noche bajo Zaruma.

“Frente al oro, no hay valores morales, solo codicia”, critica.

Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, enfatiza que el gobierno de Moreno está enfocado en que si existe minería se dé bajo la norma, que están generando informes. Sobre la crisis que afecta a Zaruma, señala: “Es una problemática social y hay que entrar a mirar con precisión”. (I)

15 Mil visitantes tuvo el año pasado Zaruma; este año hay baja.