La defensa de Gerardo Portillo, exmiembro de la veeduría que analizó los contratos del Estado con Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, solicitó su traslado de la Unidad de Policía Comunitaria de San Bartolo (sur de Quito) a la Cárcel 4, en el sector de El Condado (norte), argumentando motivos de seguridad.

Su abogado Ramiro Román aseguró: "Gerardo Portillo corre peligro porque ha hecho denuncias de corrupción. Él es uno de los veedores que tiene información de investigaciones de Panamá de todas las cosas que han denunciado. (...) Los primeros que hablaron de Panamá Pappers, de Mossack Fonseca, cuando se hizo lo de Fabricio Correa, fueron los veedores", recordó.

Portillo fue sentenciado a un año de prisión por levantar falso testimonio contra el exmandatario. El caso fue conocido como Gran Hermano e involucraba a otro exveedor, Pablo Chambers.

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Román esperaba entregar un escrito hasta el mediodía de este martes al Tribunal de Garantías Penales que emitió la sentencia y al Ministerio de Justicia para que se defina como lugar de cumplimiento de la pena a la Cárcel 4.

La detención de Portillo se dio el lunes en el sector de San Bartolo. Aparentemente él transitaba por la zona cuando se encontró con un operativo de control policial de documentos. Al verificar su identidad el sistema arrojó que mantenía vigente una orden de detención y una sentencia en firme por el delito de falso testimonio.

"La única cosa que los veedores han hecho es decir la verdad. Si con eso se han visto afectados mucha gente (sic) que están dentro de todos estos procesos, es problema de esa gente. Lo que quiero dejar claro es que se nos ha perseguido todo el tiempo, solo por decir la verdad. Y en el caso de los jueces es otro caso de injerencia. Hemos pasado 20 jueces y 25 fiscales para terminar en esta situación", reclamó Román.

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El jurista también insistió en que existirían medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ambos exveedores. (I)