El nuevo estilo de gobernar esbozado desde el discurso por el actual presidente de la República, Lenín Moreno, se nota incluso en las cifras de los procesos resueltos por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), organismo al que en un inicio de su Gobierno recomendó priorizar su carácter orientador, de promoción de derechos y no sancionador.

Esto pese a la autonomía que tiene por ley este organismo encargado de “fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación”, según el art. 56 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Entre el 24 de mayo y el 22 de agosto pasado se han publicado once resoluciones, según da cuenta el sitio web de la entidad (procesos subidos y boletines). De estas, una fue iniciada de oficio por la Supercom tras la negativa de Teleamazonas de difundir un pedido de réplica del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

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Entre el 24 de mayo y el 22 de agosto de 2016, cuando aún era presidente Rafael Correa, hubo 88 resoluciones de las que 65 se derivaron de procesos iniciados de oficio por la Supercom.

La diferencia también es alta si se compara el número de resoluciones con sanciones pecuniarias (económicas) en los periodos señalados. Tras la posesión de Moreno, la autónoma Supercom impuso dos sanciones económicas por $ 1.500. Mientras que en 2016, en los mismos 90 días tomados como referencia, sumaron 45 por un monto de $ 66.815,96, sin incluir las once sanciones de este último periodo, la del “10% de la facturación promediada de los últimos tres meses”, cuyo valor depende de los ingresos del medio sancionado.

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Ante la pregunta ¿a qué atribuye que haya bajado el número de resoluciones administrativas emitidas en los tres meses de Moreno en el poder frente a lo que vino ocurriendo en el periodo del régimen del expresidente Correa?, Ochoa respondió vía e-mail: “Partamos de la improcedencia de la comparación realizada. Nada tiene que ver la aplicación de la Ley de Comunicación con el ejercicio de un gobierno, ni antes ni ahora. Además, su insinuación se desvanece por sí sola, al comparar, esta sí en una correlación directa y adecuada, el número de resoluciones emitidas en el mismo periodo de 2016 y que llegaron a 19 frente a las 11 por usted señaladas en 2017”.

Efectivamente, la Supercom emitió 19 resoluciones en el periodo señalado de 2016 pero solo la matriz, sin contar las 69 restantes de las seis intendencias zonales. Y las once publicadas en la web del periodo de este año, incluye todas las resoluciones, incluidas las zonales.

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Ochoa indica que el hecho de que en estos últimos meses se hayan desechado cuatro denuncias “evidencia que la Superintendencia respeta el debido proceso, pues si los argumentos de descargo son contundentes dentro de la audiencia de sustanciación o si la parte denunciante no logra comprobar la infracción, lo que corresponde es desechar el trámite”.

Respecto de la reducción de los casos iniciados de oficio, el superintendente señala que el descenso se da desde antes “porque los medios de comunicación cada vez más tienen cuidado en la difusión de los contenidos, precisamente porque la ley establece parámetros que no deben infringir”.

A ello se suma, según Ochoa, la apropiación de los derechos por parte de la ciudadanía que ahora los ejerce con las respectivas denuncias. “En 2015, de 46 alertas por la presunta difusión de contenido violento se pasó a 18 en 2016..., una reducción del 61%. De igual manera, sucedió con el contenido no apto para menores que en el mismo periodo se redujo en 52%”.

En una réplica a la televisora Ecuavisa, difundida el 24 de junio de 2016, Ochoa dijo que discrepaba con el criterio del presentador de noticias de ese canal Alfonso Espinosa de los Monteros sobre que la LOC es una ley persecutoria y sancionadora: “Nuestro afán es y siempre ha sido educar para prevenir”, afirmó.

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El criterio de Espinosa de los Monteros coincide con el expuesto por el primer mandatario, quien aseveró en su primer conversatorio con los medios, el 29 de mayo pasado, que la Supercom debe tener un carácter orientador, de promoción de derechos y no sancionador.

César Ricaurte, coordinador de Fundamedios, considera que hay un mejor clima para el derecho a la libertad de expresión en el país. El problema está, agrega, en que las herramientas de la LOC siguen vigentes. “De los procesos que nos ha entregado la Supercom, desde fines de mayo hasta el 31 de julio, que son 15 (incluyendo los que aún están en proceso), ninguno es abierto de oficio por la Supercom”. (I)

Según una muestra interna, 1.000 pedidos de réplica y rectificación ya se han ejercido ante los medios sin intervención de la Supercom”.Carlos Ochoa, Supercom