La presentación de las cifras económicas que revelan la crisis en la que se encuentra el país por un endeudamiento que llegaría a $ 57.788 millones, luego de que el régimen anterior lo negara en varias ocasiones, podría hacer suponer el cometimiento de algún delito. Por ejemplo, la falsedad ideológica de documentos.

Por ello, los juristas Julio César Cueva y Eduardo Carmigniani sostienen que la Fiscalía debería iniciar una investigación. El primero explica de que si a sabiendas de que esa cifra es lo que se debía y se hizo constar otra cosa, las autoridades deberían identificar a los presuntos responsables.

“Sería lo correcto que el presidente o el secretario jurídico (de la Presidencia) presenten una denuncia en la Fiscalía para que investiguen la posible falsedad ideológica...”, dice Cueva, para quien si se llegase a descubrir que se adquirió deuda para beneficiar a terceros, se configuraría en peculado.

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Carmigniani sugiere que la Fiscalía actúe de oficio, “revisando los informes previos a que el Comité de Deuda autorice las últimas deudas, porque si la Ley pone un límite al endeudamiento público del 40% del PIB, hay que determinar en qué momento, con qué deuda concreta se pasó de ese límite”.

Si se detecta que hubo un informe falso, dice, posiblemente allí haya un delito.

Dicho Comité es integrado por el presidente de la República, el ministro de Finanzas y el titular del Senplades. (I)