“Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…”. Eran un grupo de diez jóvenes detenidos en mayo en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A uno de ellos lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas. “Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto”. Ocurrió en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, cuenta a bbcmundo.com Martín Ríos, uno de los abogados defensores de los 10 jóvenes.

Activistas muestran preocupación por la situación de los detenidos en protestas, que suman 3.200. “Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente del país, es muy preocupante”, dice Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Es una de las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia de los poderes y la impunidad”, añade.

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Jens Modvig, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, dice que recibieron reportes de “golpizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, asaltos sexuales... Hay fuertes indicios de que el Gobierno ha violado severamente los derechos humanos de quienes se le oponen”. (I)