A casi cinco años de que se inició la indagación fiscal por el presunto delito de plagio del presidente de la República, Rafael Correa, hecho que habría ocurrido durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra 14 uniformados en servicio pasivo.

En la lista de ocho acusados en calidad de autores y seis como cómplices presentada por el fiscal Fabián Salazar se encuentran el general inspector de Policía, Florencio R., cuatro sargentos segundo, un cabo primero, cinco policías, dos cabos segundo y un suboficial segundo. En este caso, la audiencia preparatoria de juicio arrancó el martes pasado.

El caso inició en julio del 2012 por el delito de plagio, pues estaba vigente el Código Penal. Para 2014, con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la conducta delictiva investigada en este acaso no se despenalizó y se la mantuvo como secuestro extorsivo, en el artículo 162.

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El dictamen acusatorio de Fiscalía llegó una vez existirían elementos para presumir que los procesados participaron de alguna forma del presunto secuestro del presidente Correa, la tarde del denominado 30-S en el tercer piso del Hospital de la Policía, ubicado entre las avenidas Occidental y Mariana de Jesús, norte de Quito.

Esgrimen falta de pruebas

Al sitio donde estaba secuestrado el Primer Mandatario, recuenta en el informe del caso del fiscal Salazar, habrían ingresado dos comisiones de policías "para condicionar" la salida del presidente Correa a la aceptación de derogar la Ley de Servicio Público, normativa definida en ese momento por los manifestantes como atentatorio a la clase policial.

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Rigoberto Ibarra, defensor de los policías Juan N. y Viviana B., rechazó que la acusación fiscal se base en cotejamientos físicos de fotos y videos del día de los hechos que hablan de "una gran semejanza", de 80% al 100%, con sus clientes. Él aclara que no existe una sola prueba contundente que ubique a los dos policías en la cercanía del lugar de los hechos.

Mientras tanto Eder Rocha, abogado del cabo Gustavo S., explicó que no existen los elementos necesarios para hablar de un plagio o un secuestro.

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Para justificar su afirmación, Rocha recordó que es parte del expediente la versión de un general de Policía de la época que habría declarado que, aquella tarde del 30-S, varios generales le plantearon al presidente Correa que harían una calle de honor para que él salga con seguridad de hospital, pero el Mandatario no lo habría aceptado.

Hasta la tarde de este miércoles, el juez de Garantías Penales, Geovanny Freire, continúa escuchando los alegatos de los abogados de los procesados y el anuncio de la prueba documental y testimonial que ellos usarían si se decide llamarlos a juicio.

Salazar solicitó a Freire la prisión preventiva del cabo segundo Luis M., mientras que para el resto la medida cautelar de prohibición de ausentarse del país y presentarse periódicamente ante el juez competente. (I)

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