Prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y la inmobilización de cuentas de la investigada y las empresas que estaban a su cargo es lo que ordenó este jueves la jueza Ximena Rodríguez, contra Carolina A., a quien se indaga por el presunto delito de lavado de activos, el cual estaría relacionado con casos de corrupción que se habrían dado al interior de la empresa pública Petroecuador.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar indicó que Carolina A. figura como administradora, gerente, representante legal y firma autorizada de seis empresas que estarían aparentemente relacionadas con el movimiento de dineros en el caso Petroecuador.

Corporación Prenero, Montalete S.A., Cabasi S.A., Calabri S.A., Invercorp S.A., y la oficina en Ecuador de la estadounidense Proginvesment Managment LLC. aparecen en la lista de empresas analizadas.

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Carolina A. fue detenida la noche miércoles último en las calles Tulcán y Manuel Galecio, en Guayaquil. Contra ella existía una orden de detención desde el 25 de diciembre pasado, fecha en que se realizó la denominado operación Navidad con ocho allanamientos en Samborondón y Guayaquil y en la que se detuvo a Ernesto W..

Alex Bravo, exgerente de Petroecuador; y Carlos Pareja Yanuzzelli, también exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, están entre los nombres con quienes las empresas a cargo de Carolina A. mantuvieron transferencias. La Fiscalía presume que el enjambre de empresas que se crearon para dar la apariencia de manejo de dineros lícitos tuvo movimientos por $50 millones.

Pablo Valdivieso, defensor público de la procesada, indicó que no existen pruebas suficientes para asegurar que tiene origen ilícito el dinero de las empresas representada por su cliente. Aseguró que desde el año 2000 no se ha incrementado el patrimonio de su defendida y eso descartaría de plano el delito por el que se la pretende enjuiciar.

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La investigación contra Carolina A. parte de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero en el que se habría evidenciado operaciones inusuales e injustificadas.

Salazar en el momento de la audiencia fue notificada de que el juez Alberto Delgado, de la Unidad Judicial Penal de Samborondón (Guayas), sería el encargado del caso contra Ernesto W., también acusado por el delito de lavado de activos. Por ello solicitó a la jueza Rodríguez se añada el proceso de Carolina A. a la causa principal, es decir, a la que se sigue a Ernesto W.. La jueza dio paso al pedido. (I)