Diferida audiencia de casación en caso Gran Hermano

Para el 19 de diciembre próximo fue establecida la nueva audiencia de casación solicitada por la defensa de Pablo Chambers y Gerardo Portilla, exveedores sentenciados a un año de cárcel por el delito de perjurio y testimonio falso. La diligencia estaba definida para este miércoles en la Corte Nacional de Justicia, pero a pedido de los demandados esta fue diferida.

Ambos procesados fueron parte de la veeduría del denominado caso Gran Hermano, la cual fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y buscaba determinar el perjuicio que generó la entrega de contratos del actual Gobierno a empresas supuestamente vinculadas con Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, Rafael Correa.

En mayo del 2014, el tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha emitió la sentencia condenatoria contra Chambers y Portilla; mientras que a otros dos miembros de la misma veeduría, también investigados: José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, se los declaró inocentes.

Chambers hasta el momento no entiende cómo existió una sentencia con dos culpables y dos inocentes, si los cuatro fueron los firmantes del mismo informe. Según él, pidieron el diferimiento, pues recién el viernes se les notificó de la fecha de audiencia y ellos necesitaban tiempo para preparar la defensa.

El exveedor asegura no tener muchas esperanzas de que la justicia falle a su favor, pero aclara que sostendrá, así le den 50 años de cárcel, "que el presidente (Correa) si conocía de los contratos del hermano (Fabricio Correa)" pues "las pruebas así lo indican".

En el informe de esta investigación, entregado por la veeduría en febrero del 2011, los comisionados indicaron que el Primer Mandatario conocía de los contratos suscritos por su hermano. Esto fue negado por el presidente Correa, quien en marzo del 2011 solicitó a la Fiscalía investigue a los veedores por el supuesto delito de perjurio y falso testimonio.

"Desde el primer día en que dijimos que el señor presidente (Correa) sí conocía de los contratos, nosotros estábamos seguros de que la condena venía. Nosotros lo hicimos sabiendo que ese era nuestro deber, pase lo que nos pase. Lo que no calculábamos es que nos tuvieran siete años más que presos, porque no hemos podido salir del país, no hemos podido trabajar...", dijo Chambers.

Desde el 2012 el caso de Chambers y Portilla está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A decir de Chambers, esta instancia ya emitió un informe al Gobierno ecuatoriano haciéndole saber de que ellos consideraban a este caso como una "persecución política".

Chambers asegura que de confirmarse la sentencia, él y Portilla cumplirán la pena. "Yo creo que debemos inaugurar el que la gente se quede y no se corra. Hay que pararse firme y mantenerse en lo que uno piensa. (...) Nosotros solo preguntaremos cuál es la cárcel que nos han asignado", concluyó. (I)