En julio pasado, usted dijo que se ha aprobado, tal como planteó DP World en su propuesta, un incremento del 20% en las tarifas con relación a Contecon. ¿Entonces, es un hecho el incremento?
El tarifario aprobado por APG funciona como un tarifario máximo, es decir que tanto Contecon como DPW pueden cobrar valores menores, dependiendo de sus estrategias comerciales y acuerdos con sus clientes, líneas o agencias navieras. La propuesta del tarifario presentado por DPW no implica necesariamente que las tarifas vayan a incrementarse. En la práctica, se verá más adelante si, debido a que van a poder entrar buques más grandes, por sus economías de escala los clientes estarán dispuestos a pagar un poco más.

¿No implica esto una afectación o desequilibrio para el concesionario que inicia operaciones?
Reitero que el tarifario aprobado es un tarifario máximo y DPW podrá cobrar valores menores dependiendo de su estrategia comercial.

Si las tarifas serán más caras y a eso, como han dicho dirigentes del sector productivo, deberá sumarse el costo de la movilización en tierra, ¿qué tan atractivo será usar el puerto de Posorja?, ¿solo quedará para los postpanamax que no es el tipo de embarcaciones que la economía local demanda?
Lo atractivo que será el puerto de Posorja, incluyendo sus tarifas, es que será manejado por DPW; así mismo, el Estado ecuatoriano a través de APG velará para que se dé una sana y necesaria competencia en beneficio de los usuarios de los servicios portuarios.

Publicidad

El contrato de concesión establece una cláusula de equilibrio económico financiero prevista en caso de que el proyecto se vea afectado por otros emprendimientos de naturaleza similar, existentes o que llegaren a existir. En este caso, el actual puerto de Guayaquil y el proyecto de su dragado a 11 metros puede implicar una afectación que el mismo concesionario ha reconocido. ¿El Estado asumirá ese desequilibrio en caso de producirse?
El Estado no asumirá ningún valor a la empresa DPW. La cláusula de restablecimiento económico se aplicará en el momento que suceda una posible afectación al proyecto y consistirá en revisar los parámetros utilizados en la evaluación económica-financiera y cuantificar la afectación al proyecto, que en el caso de que ocurra repercutiría en cambios en dichos parámetros, como son valor de inversiones, tarifario, contribución a APG, plazo de concesión, etc.

En el contrato también se establecen medidas, como la ampliación del plazo como mecanismo de compensación, en caso de que leyes o impuestos que se generen después de la firma afecten la operación del concesionario. ¿Esto no pone en desventaja a los puertos en operación que sí asumen cualquier ajuste económico producto de un cambio en la legislación!
Con respecto a los actuales concesionarios de APG, se aplica de igual forma una cláusula de ajuste económico en caso de afectación a esos proyectos.

50 años es un tiempo muy amplio para una concesión, ningún puerto de la región está concesionado a tanto tiempo. ¿Cuán conveniente para el país es esta concesión?
El plazo fue debidamente analizado en la evaluación económica-financiera, conjuntamente con el nivel de inversión que se debe realizar. El proyecto incluye la inversión a realizarse en la carretera Posorja-Playas y en el nuevo canal de navegación, por lo que la inversión es mayor y, por lo tanto, aumenta el plazo de la concesión. (I)

Publicidad