El fiscal general, Galo Chiriboga, informó ayer que ha iniciado el proceso de cierre de una empresa en Panamá, que es dueña de su casa en Quito.

Según la agencia AP, Chiriboga indicó a la prensa: “El proceso de desprenderme de Madrigal Finance Corp (nombre de su compañía) se ha iniciado porque me parece absolutamente pertinente que un funcionario público no deba crear empresas en Panamá”.

Reiteró que dicha offshore no tenía movimientos financieros, y que él no tiene “ninguna inversión en Panamá”.

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Su nombre surgió entre los documentos filtrados del estudio jurídico Mossack Fonseca, que se dedicaba a constituir sociedades en esa nación.

Estas divulgaciones, conocidas como los Papeles de Panamá, generaron un debate sobre la creación de empresas en paraísos fiscales, como Panamá.

Esta semana se conoció que la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) constituyó a cuatro.

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La primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado (AP), explicó que pudo hacerlo por dedicarse a una actividad que es parte de los sectores estratégicos del país.

“Son los sectores estratégicos los que tienen la posibilidad de hacer contrataciones”, alegó Alvarado al ser consultada sobre por qué la estatal había creado cuatro offshore.

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Sus declaraciones las dio el pasado martes en entrevista con Democracia TV, el canal en YouTube del portal periodístico www.focusecuador.com.

Ese día el sitio publicó una investigación que revela que cuatro sociedades anónimas privadas domiciliadas en Panamá, considerado por el Gobierno ecuatoriano como un paraíso fiscal, son dueñas de igual número de buques de Flopec.

Alvarado opinó que hacía falta una ‘prohibición’ para que el Estado no pudiese contratar con “aquellos domiciliados en paraísos fiscales”.

Entonces el entrevistador le recordó que la prohibición existió, pero fue levantada vía Decreto Ejecutivo.

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Se refería a la disposición 774, emitida en septiembre del 2015, y a través de la cual se derogó la 1793. (I)

Reacción
Banco central

Denuncia
El gerente del Banco Central, Diego Martínez, aseguró que la institución no tiene ni cuentas ni sucursales en países offshore. Esto, tras la denuncia del asambleísta independiente Ramiro Aguilar.