El Consejo Nacional Electoral (CNE) necesitaría no menos de $ 30 millones para realizar el referéndum que busca dejar sin efecto la transitoria constitucional que impide la reelección del presidente Rafael Correa en las elecciones de 2017, así como para la consulta sobre el incremento de pasajes en Guayaquil. Ambas procesos los viabilizó la Corte Constitucional (CC).

Los cálculos los hicieron dos exmiembros del organismo electoral, Medardo Oleas y Fausto Camacho, pues en el CNE aún no hay un pronunciamiento al respecto, dado que se espera la notificación oficial desde la Corte Constitucional.

A los exfuncionarios electorales se sumó el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que a través del presidente encargado, Pablo Serrano, estimó ayer que el costo del referéndum no sería menor de $ 40 millones.

Por ello, consideraron que no es oportuno que se realice tomando en cuenta los problemas económicos y humanitarios que atraviesa el país.

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De acuerdo con información histórica del CNE, en mayo de 2011 en la administración de Omar Simon, actual secretario particular de la Presidencia de la República, la consulta popular tuvo un costo aproximado de $ 31 millones. Entonces se buscaba la aprobación de reformas constitucionales relativas a la seguridad social, medios de comunicación, sistema judicial, medio ambiente y banca.

Oleas explicó que en cinco años los costos subieron así como el número de electores, y que un referéndum demanda de padrón, papeletas, kits, pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Ahora se suma que el CNE deberá crear nuevos recintos en las zonas afectadas por el terremoto en Manabí y Esmeraldas.

Oleas manifestó que legalmente no cabe un llamado a consulta porque hay un calendario regresivo de elecciones para el 19 de febrero de 2017 que, según la Constitución, no puede ser interrumpido. Además, los plazos para recoger firmas y validarlas son cortos.

Para Camacho esta propuesta de consulta es una “pirotécnica política”, que busca distraer a los ecuatorianos y a las organizaciones políticas mientras el Gobierno avanza en la consolidación de listas para resolver las candidaturas.

Ayer la Corte Constitucional admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en diciembre de 2015 y enero de 2016, en contra de las enmiendas constitucionales por parte del colectivo unitario nacional de trabajadores e indígenas y un grupo de ciudadanos representados por Telmo Andrade Páez.

En el primer caso, el colectivo cuestiona que los textos no hayan sido votados artículo por artículo sino en paquete, contrario a lo que exige la práctica legislativa. En el segundo, se argumenta que la reforma altera tres elementos constitutivos del Estado: soberano, democrático y constitucional. (I)