De la misma forma en que se intervinieron las calles Décima y 10 de Agosto, en el centro sur de Guayaquil, las autoridades lo harán con los bloques de las casas colectivas ubicados entre las calles Gómez Rendón, Calicuchima, avenida del Ejército y José Mascote.

Ayer, en medio del asombro de quienes habitan en los bloques, así como de quienes viven en los alrededores, el gobernador del Guayas, Julio César Quiñónez, anunció que se hará una intervención integral por ser este sitio donde priman la inseguridad y la insalubridad.

“Las casas colectivas por muchos años han sido una verdadera problemática para el sector, se ha vuelto de una necesidad de habitabilidad a un foco de inseguridad y de insalubridad...”, sostuvo Quiñónez, quien llegó acompañado de Juliet Erazo, directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad dueña de los bloques.

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Tanto el gobernador como Erazo indicaron que se realizará un censo para determinar con exactitud el número de habitantes de las casas colectivas, aunque preliminarmente Julio César Quiñónez dijo que se trataba de unas 689 personas, agrupadas en 354 familias.

En los bloques hay microtráfico de droga, sostuvo Quiñónez, y en los alrededores atracos, según moradores, por lo que la Policía, a través de las unidades de inteligencia, está levantando información.

Un vecino del sector, cuyo nombre no mencionó por temor a represalias, dijo que anhelaba que los bloques fueran desocupados, “porque son un peligro, ahí pasa de todo y no se puede decir nada porque se corre peligro...”.

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Y la posibilidad de reubicar a quienes habitan en los bloques, incluso la demolición de las estructuras, depende de unos estudios, pese a que el sitio, según Quiñónez, ya ha sido calificado como inhabitable.

“En el caso que necesitemos reubicar, primero hay que saber qué familias viven aquí. Vamos a hacer un análisis, un estudio, las personas que necesiten, según esos estudios, realmente una vivienda podemos llegar a algún tipo de solución con esas personas”, dijo el gobernador.

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Allí no hay servicios básicos, tanto las conexiones de energía eléctrica como de agua potable son clandestinas y los inquilinos no pagan arriendo al Seguro Social desde el 2005, según Juliet Erazo, quien indicó que pese a ello los habitantes de los bloques habitacionales han generado una deuda de agua de 110.000 dólares. (I)

Control
Intervención

UPC
A pocos metros de las casas colectivas hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y pese al control que imponen los uniformados, los microtraficantes buscan la forma de vender droga sin ser detectados.

Reunión
Este lunes habrá una reunión interinstitucional en la Gobernación, para tratar el tema de la intervención.

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