Réplica de la Secom: Resoluciones de la SIP solo obedecen a intereses particulares de dueños de medios de comunicación

Nota de la dirección

El 7 de octubre, EL UNIVERSO publicó un texto informativo con el título ‘SIP hace más de un pedido al presidente’, se refería a que la SIP insistía ante el presidente Rafael Correa para que solicitara una opinión consultiva sobre “la compatibilidad de la Ley de Comunicación con los estándares internacionales, en materia de derechos humanos”.

El 9 de octubre, EL UNIVERSO recogió en sus páginas las expresiones del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, en una entrevista concedida a periodistas de Bolivia, en la que al referirse al tema respondió que para el Gobierno ecuatoriano “la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no existe”.

El 26 de octubre, la Secom solicitó a este Diario la publicación de su réplica, enviando el texto redactado, titulado, diagramado, ilustrado. El Diario publicó la réplica en forma gratuita en el mismo espacio, página y sección en la que se publicó el texto que origina el reclamo. Lo hizo, cumpliendo estrictamente lo que manda la ley, que no menciona la obligación de publicar el título, ni la diagramación propuestos por el reclamante.

Además, el título enviado por la Secom no se refería a la noticia, como debe ser, sino que cuestionaba la naturaleza de la SIP, lo cual era, evidentemente, otro tema. En la diagramación enviada se reclama más espacio del que corresponde, porque asume el destinado a otros aspectos de la noticia original, sobre otros países.

La Secom denunció ante la Supercom lo que consideró un incumplimiento de la ley y solicitó que se disponga la medida administrativa y/o sanción correspondiente.

Es nuestro deber informar a nuestros lectores que Diario EL UNIVERSO publica a continuación la versión original enviada por la Secom, no hemos incluido declaración de persona alguna, ni editado el texto, contradiciendo nuestro derecho de editar y aplicar las normas deontológicas y nuestro Manual de Estilo. Por lo tanto, dejamos en claro que si algún ciudadano tiene alguna objeción, deberá reclamar directamente al autor único, la Secom.

Bajo protesta lo publicamos hoy, ya que la experiencia nos dice que es inútil esperar una sentencia imparcial, y porque las exorbitantes multas y su sistema de duplicación exponencial amenazan nuestra vida empresarial (O).

Réplica de la SECOM
SIP no representa a los ecuatorianos, sino a intereses de sus socios

Diario El Universo publicó en la edición del 7 de octubre del presente año, página 2, de la primera sección, una noticia con el título “SIP insiste en que Correa debe consultar a CorteIDH por ley”, que pretende desinformar a sus lectores con datos sesgados, originados en la 71ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Charleston, Estados Unidos, entre el 2 y el 6 de este mes.

El contenido, por un lado, pretende causar pánico generalizando la idea de que este (2015) es el año más violento para el periodismo y, por otro, descontextualiza el alcance jurídico de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

La información de la que se hace eco El Universo, sobre supuestos hechos violentos contra periodistas, va en contra de la norma ética básica del periodismo: la de contrastación de fuentes, con lo que muestra, como verdad absoluta, supuestas conclusiones que no se atienen a la realidad.

Lo que no revela El Universo es que, en el Ecuador, y durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se han respetado los Derechos Humanos y no se han presentado casos de asesinatos, atentados, ni agresiones contra periodistas. Tampoco se refiere a la actitud de provocación constante que ciertas empresas de comunicación privadas tienen en contra del régimen.

En la misma noticia, este Diario se refiere sobre una ¨petición¨ de la SIP para que el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, solicite una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la Ley de Comunicación con los estándares internacionales, en materia de Derechos Humanos. Ante ello, El Universo no se detiene a reflexionar que, en acto democrático, millones de ecuatorianos votaron a favor de la creación de una ley que regule los medios de comunicación, durante la Consulta Popular del 2011, algo que ha incomodado profundamente a los empresarios mediáticos del país.

La SIP, cártel de propietarios de medios de comunicación, no representa a los periodistas que laboran en ellos, menos aún, a los ciudadanos de los países que dicen representar. De tal modo, la SIP no tiene calidad moral para fustigar gobiernos ni, tampoco, proceder a entrometerse en temas constitucionales del Ecuador. En ese sentido, ¿cuál ha sido el aporte de la SIP a la libertad de expresión cuando solo ha defendido los intereses de sus amigos empresarios?

El Presidente Correa al igual que instituciones, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, a lo largo del continente, han expresado en reiteradas ocasiones, que la SIP solo representa la opinión e intereses de los dueños de los periódicos.

Diario El Universo debe recordar a la SIP que, durante cuatro años, la Ley Orgánica de Comunicación fue debatida ampliamente por la sociedad (organizaciones de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, periodistas, universidades, ciudadanía e instituciones del Estado), y cuyos lineamientos fueron recogidos por la Asamblea Nacional (se recogieron 600 observaciones y propuestas; y hubo, aproximadamente, 70 reuniones de la Comisión responsable).

La LOC, vale resaltar, promueve el respeto a la honra y reputación de las personas, y prohíbe la difusión de contenidos discriminatorios y violentos.

Además, la normativa protege los derechos los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de sectores eternamente marginados por el poder mediático, como indígenas y afroecuatorianos.

La LOC establece el derecho de la ciudadanía a recibir información de relevancia pública y de calidad, prohíbe que los medios de comunicación asuman una posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas sometidas a juicio, instituye la figura del linchamiento mediático para evitar que se desprestigie o se reduzca la credibilidad de las personas mediante la difusión concertada y reiterativa de información con tal propósito, entre otros puntos que podrían citarse. Sin olvidar la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, algo que a la SIP le resulta persecutorio y censurador, para sus intereses privados.

La insistencia de la SIP al Ecuador de consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos rebasa completamente su ámbito de acción. El Ecuador, es decir, millones de ciudadanos que democráticamente, respaldaron y se pronunciaron, hace cuatro años, a favor de la LOC. Ese es el sello de la democracia, algo que a este grupo de empresarios mediáticos no les interesa respetar ni acatar.

Con relación al proceso de disolución que se abrió contra Fundamedios, y que cita este Diario, la SIP victimiza a esta fundación –que ha recibido financiamiento de la USAID norteamericana-; pero, lo cierto es que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el pasado 23 de junio, solicitó a Fundamedios cumplir con las normas de su propio estatuto, específicamente, en lo que se refiere a la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como, expresamente, lo dispone el artículo 6 de la mencionada normativa. Ante la negativa de la organización de acatar este pedido, se inició el proceso correspondiente.

Así, la Secom actuó con la potestad que le brindan las normativas vigentes en el país, como la Ley de Participación Ciudadana. De igual manera, es necesario reiterar que la Defensoría del Pueblo analizó el proceso seguido -algo que nunca lo hicieron otras organizaciones y relatores- y corroboró la existencia de causales claras y contundentes para la extinción de la fundación.

Con relación a las exigencias de la SIP, el Dr. Fernando Alvarado Espinel, titular de la Secom, en recientes declaraciones a un canal boliviano, dijo que esto es, “irónico”, dicen que hay violación a la libertad de expresión, pero todos los días sacan publicaciones, todos los días sacan editoriales, todos los días sacan reportajes nacionales e internacionales sobre una supuesta falta de libertad de expresión, pero se están expresando con absoluta libertad.

Lo que yo diría –continuó Alvarado- es que la única fuente real de información para corroborar eso o no, son los propietarios de los medios de comunicación en el país.

No son los cuatro o seis propietarios de los grandes medios, que son incluso, propiedad de familias, sino los casi tres mil medios de comunicación que existen en el país.

Es decir, en el Ecuador “la comunicación fluye con absoluta libertad, con tanta libertad que antes no existía”, exclamó en la entrevista.

Citó, por ejemplo, que antes el Gobierno o un Gobierno no tenían la posibilidad de poner su versión de los hechos o de informar adecuadamente a la población sobre el uso de sus impuestos. Hoy día si hay un aparato comunicacional en el Gobierno que puede llegar a toda la población.

“Antes tenía que pasar a través del prisma de los grandes medios. Ellos decidían que salía y que no salía, eran los grandes censuradores de la opinión pública”, recalcó Alvarado, al periodista de Bolivia TV.

Hace pocos días, en su alocución por conmemorarse los 40 años de radio Sonorama, evento al que fue invitado, Fernando Alvarado, recordó que el ejercicio periodístico estaba regido por una ley que databa desde 1975 -y que permitía que el salario se defina “libremente” entre el empleador y el trabajador-, buena parte de los comunicadores no estaban afiliados a la seguridad social y no existía tabla salarial.

Actualmente, la afiliación es obligatoria; los trabajadores de la comunicación (reporteros, fotógrafos, productores, técnicos y operadores) tienen un salario digno y se profesionalizan y reciben talleres de capacitación a través de la Cordicom.

En el mismo evento, Rafael Cuesta, vicepresidente de canal Uno, quien en ocasiones ha criticado al actual Régimen, resaltó los avances de la Ley Orgánica de Comunicación, tras hacer un balance del antes y el después de la normativa en el país. “Desde que tengo uso de razón siempre ha habido atentados y atropellos en contra de la prensa, en contra de periodistas, en contra de radios, ha habido encarcelamientos, ha habido destrozos en medios de comunicación, sabotajes a canales de televisión, clausuras de diarios, casi todos estos eventos, principalmente, en épocas dictatoriales; sin embargo en democracia, también se han dado estos eventos, nadie se escapa lamentablemente (…)”, mencionó.

Recordó las disputas, críticas, cuestionamientos y abusos que se vivía entre los propietarios de los medios de comunicación, anteriormente (antes de la LOC). En la actualidad, “tenemos una ley que algunos no les gusta para nada, a otros les gusta poco, y a otros les gusta, como consecuencia del comportamiento de los medios y los periodistas…”, replicó.

Reconoció que en los cuatro años que lleva en canal Uno no ha recibido presiones ni llamadas del Gobierno para reclamarle, exigirle o peor imponerle una noticia. “Sí, es verdad que se ejerce la libertad de expresión, por es difícil hacerlo sin tropiezos”, acotó.

Esto es lo que no dice, analiza, debate, ni resalta la SIP en sus reuniones, asambleas y sesiones con sus socios y amigos.

4’074.307 ecuatorianos, que representan el 52,98%, votaron a favor de la LOC, en la consulta popular del 2011.

El Universo no se detiene a reflexionar que, en acto democrático, millones de ecuatorianos votaron a favor de la creación de una ley que regule los medios de comunicación, durante la Consulta Popular del 2011, algo que ha incomodado profundamente a los empresarios mediáticos del país.