Sectores que se consideran afectados por las enmiendas constitucionales y grupos políticos ya se organizan para plantear demandas de inconstitucionalidad luego de la aprobación del articulado, el pasado jueves, en la Asamblea.

Entre los quince cambios a la Constitución constan la reelección sin límites; que los trabajadores del sector público no puedan acogerse a la contratación pública; la eliminación de la atribución de la Contraloría para realizar auditorías de gestión; y que la comunicación se vuelva un servicio público.

Desde el gremio de los trabajadores, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, asegura que la enmienda que les atañe “es una forma de discriminación” ya que no respeta el artículo 11 de la Carta Magna, que refiere que todas las personas tienen los mismos derechos, lo cual también señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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“Si las enmiendas ya pasan la próxima semana al Registro Oficial, nosotros plantearemos la demanda en la Corte Constitucional el mismo día que las publiquen”, expresa.

En tanto que el contralor Carlos Pólit expresó la semana pasada a este Diario que plantearía una demanda similar por la enmienda referida al ente.

“(Los cambios) no son viables técnicamente dentro de un concepto moderno de auditoría gubernamental, ni pueden hacerse a través de enmienda sino, en todo caso, mediante una reforma a la Constitución”.

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Las agrupaciones políticas ya han tenido reuniones de análisis. Un ejemplo es Compromiso Ecuador, integrado por CREO y otros movimientos. Aparicio Caicedo, parte del equipo jurídico, expresa que su demanda se enfoca en la enmienda de la reelección indefinida.

“Es un cambio tan importante que altera en esencia a la Constitución. Jurídicamente debió tratarse en una Constituyente, ya que por más que se suprima solo una frase, el cambio que genera es trascendental, es la primera vez que se da la figura de reelección indefinida en el Ecuador”, opina.

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Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachakutik, cuenta que la próxima semana la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) empezará a elaborar un informe sobre derechos que se afectarían.

“Vamos a llevar la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional para agotar las instancias en el país, porque sabemos que no nos darán paso, queremos llegar a cortes internacionales”, dice.

A título personal, el asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) anuncia una impugnación por el procedimiento, especialmente en el tema laboral, ya que se modificaron textos que se socializaron con los grupos sindicales.

“Desde el comienzo sugerí que no se cambien los textos, y lo hicieron... La demanda sería a inicios del 2016”. (I)

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