Doris Ramírez tenía que estrenar su nueva vivienda en diciembre próximo. La compró en planos en 2011 a la empresa Promaga Ecuador y hasta ahora ha pagado 15.000 euros de los 23.000 que costaba. La inmobiliaria ni siquiera ha empezado a construirla.

Su relato se repite en boca del medio centenar de inmigrantes ecuatorianos que acudieron a la última asamblea de perjudicados por la intervención y proceso de liquidación de la empresa que se cumplió en el consulado en Madrid. Todos invirtieron sus ahorros en unos inmuebles que aún no se han edificado en la urbanización La Nueva Gran Ciudad Andalucía, en Durán.

La compañía solo entregó 50 casas de las 418 previstas en 2014. Hay cerca de 1.200 familias afectadas en España, Italia y Estados Unidos.

Publicidad

“¿Si la empresa se liquida nos devolverán lo que pagamos, solo el valor del terreno o hay la posibilidad de que no recuperemos el dinero?”, preguntaba preocupada Delfina Percides. Durante seis años, la guayaquileña pagó religiosamente los 200 euros de cuota mensual a los que se comprometió. Cuando decidió invertir en la vivienda, en 2009, su objetivo era arrendarla y con esos ingresos “pasar tranquila la jubilación”. “Nunca me atrasé en los pagos, no es justo que pierda los 14.800 euros”, se lamenta con los ojos enrojecidos.

El asambleísta de Alianza País, Esteban Melo, recibió las primeras denuncias sobre el caso en noviembre de 2014. Explica, durante la reunión, que Promaga Ecuador ha iniciado un proceso de reactivación. Abonó el 20 % de la deuda total liquidada; es decir, $ 1'710.473,38.

Para que se concrete este proceso, sin embargo, la inmobiliaria debe subsanar todas las causales de disolución y sus obligaciones pendientes. Mientras esto sucede, sigue en marcha la segunda fase de liquidación que consiste en la certificación de los contratos de compra-venta, convenios, planos de construcción, recibos de pagos o pagarés.

Publicidad

Los afectados tienen plazo hasta antes del 4 de noviembre para hacer llegar al liquidador Armando Arce Cepeda los documentos que certifican la inversión en las viviendas del proyecto urbanístico. (I)