Representantes de nacionalidades del país consideran que no hay un pleno ejercicio de sus derechos colectivos contemplados en la Constitución.

La relatora de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realiza un seguimiento de los reportes de actos de violencia en las protestas contra el régimen suscitadas durante este mes.

En entrevista con este Diario, la filipina dijo que en caso de que existan supuestas violaciones de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, deberían ser documentadas por la dirigencia. Agregó que a más de estar contemplados en la Carta Magna del país, estos derechos son parte de las leyes internacionales de derechos humanos.

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Los relatos de Saraguro

El ardor en los ojos y la respiración imposibilitada por los gases lacrimógenos lanzados por los policías motiva a decenas de indígenas a abandonar el cerco de piedras y palizadas con las que mantenían bloqueada la vía entre Saraguro y la capital provincial, Loja. Se dispersan en las colinas. Pero los uniformados van tras ellos: “... a él lo tengo grabado”, “entra al carro por las buenas”, dicen mientras levantan en peso, tomándolos por las extremidades a algunos de los manifestantes.

Entre los retenidos de esa tarde del 17 de agosto pasado en las protestas contra el régimen están Luisa y Sisa Lozano, dos mujeres del pueblo kichwa saraguro. La primera afirma que los policías decían: “Cógela a ella que es más joven”. Así lo relata en un video en el que también señala que cuando preguntó por qué la detenían, le respondieron: “Te llevamos a violarte”.

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Sisa dice haber vivido una situación más traumática, afirma que los uniformados se burlaban de sus senos desnudos luego de que la arrastraron de la trenza e hicieran harapos su vestimenta. Son relatos que reposan en la oficina de la Comisión de la Mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ente con representación en 1.200 comunidades del país, que organizó la movilización de este sector de la población en diversas localidades del país y que la dirigencia ha llamado un nuevo “levantamiento nacional”.

Kathy Betancourt, dirigente de esta organización, interpreta estos hechos como un retroceso de un siglo: “En la historia las mujeres hemos sido maltratadas, violadas... Lo que pasó fue una actitud hacendataria (en referencia al sistema de haciendas que imperaba hasta el siglo pasado y en el que terratenientes violaban a las indígenas) con las amenazas de violación sexual”.

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Llama al diálogo

Las imágenes de enfrentamientos y detenciones se han replicado en Quito, Puyo y Macas, en vías de Morona Santiago, en el sector El Chasqui, en la Panamericana Sur, en la provincia de Cotopaxi, en Imbabura...

La dirigencia indígena afirma que están recopilando los casos para presentar denuncias formales ante la Fiscalía.

Pero estos hechos ya han tenido repercusión internacional. La relatora especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, exhortó esta semana a un diálogo en el que se puedan analizar las demandas que originaron la convocatoria de la paralización nacional.

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El problema, según coinciden dirigentes indígenas consultados, es que por parte del Gobierno no se reconocen estas protestas como un levantamiento nacional. “Han minimizado el paro y eso conlleva a que tampoco se reconozcan las demandas que lo originan”, dice Jorge Herrera, presidente de la Conaie.

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Varias autoridades del Gobierno han insistido desde el 13 de agosto pasado, cuando los manifestantes se reunieron en Quito tras recorridos por la Amazonía y la Sierra, que no hay una paralización, que el transporte público no se ha detenido y que la actitud policial, han dicho, responde a provocaciones.

Incluso los medios oficiales y la sabatina del 23 de agosto dan cuenta del testimonio del policía Jaime Revilla, quien afirma que los manifestantes en Saraguro, lo golpearon, le pusieron agua con ají en los ojos, lo vistieron de mujer y amenazaron con castrarlo y quemarlo. Cuenta que pudo escapar del sitio donde lo tenían secuestrado.

El presidente de la República, Rafael Correa, por ejemplo, criticó a los manifestantes en su cuenta de Twitter, el 13 de agosto pasado, que la Conaie use a mujeres y niños como escudos humanos en las protestas.

El único mandatario indígena en la historia, el boliviano Evo Morales, también se sumó a las críticas de su aliado en la región, Correa, contra la dirigencia indígena de la Conaie, al decir que con las protestas se prestaban “al juego de la derecha”.

Blanca Chancoso, miembro de la Conaie, le pidió a Morales que los honre con el silencio por el respeto a la lucha del movimiento indígena, la que según ella, sigue vigente: “Quieren justificar el sumak kawsai (buen vivir en kichwa) con la amplitud de carreteras o con ofrecimientos de paso, al apuro (...), cuando en el fondo aún no han respondido a las necesidades”, dice.

Indígenas en Ecuador

Según la última proyección del INEC de junio pasado, en el país había 1’054.077 personas que se autoidentificaban como indígenas agrupados en 13 nacionalidades y 18 pueblos. Se trata de la etnia con los peores índices de desarrollo en el país.

Por ejemplo, su población tiene la más alta tasa de analfabetismo funcional (30,3% al 2013), mientras que el empleo inadecuado (que implica ingresos menores al sueldo básico de $ 354) afectaba al 77% de los indígenas con trabajo en junio pasado. Era del 73,26% en 2008.

Entre las demandas del actual levantamiento está la autonomía de la educación intercultural bilingüe, establecida en 1988, ante lo que consideran un ‘etnocidio cultural’ con las llamadas escuelas del milenio y el cierre de escuelas en comunidades rurales. Así como el acceso al agua y a la tierra, el ejercicio pleno del derecho a la consulta (que es no vinculante) previo a la ejecución de actividades extractivas en los territorios indígenas y el rechazo a las enmiendas constitucionales, entre ellas, la que establece la reelección indefinida.

Estado plurinacional

La Constitución del 2008 establece el carácter plurinacional del Estado y reconoce una serie de derechos colectivos como el de la consulta previa. Ecuador, además, ratificó en 1998 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas. Allí se garantiza el derecho de esos grupos a ser consultados para que consientan la explotación de recursos en sus territorios.

La dirigencia indígena cuestiona lo que considera contradicciones de la Carta Magna. Si bien esta reconoce el carácter plurinacional, también establece, por ejemplo, que el Estado ejercerá la rectoría de la educación con la autoridad educativa nacional. Uno de los argumentos del régimen para que el Ministerio de Educación asuma el manejo de las escuelas interculturales bilingües.

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, afirmó a Ecuavisa que el número de estudiantes de estos establecimientos pasó de 95 mil, en el 2006, a 150 mil en este año.

No obstante, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, dice que esta educación no se trata de enseñar kichwa como una materia, sino que el idioma debe ser transversal e incluir la cosmovisión étnica: “Un pueblo sin lengua es un pueblo sin cultura”.

Sisa Pacari, vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores, explica que el traspaso de los establecimientos interculturales bilingües a las coordinaciones zonales, bajo lo que considera un único modelo intercultural, ha significado un retroceso: “Si el ministro dice que hay 150 mil alumnos, entonces hay catorce mil menos que en 2013 cuando se dio el traspaso”.

La movilización actual, que deja 132 detenidos de los que 98 han sido procesados, según la Conaie, se suma a otras protestas que la dirigencia indígena ha propiciado desde el 2008. En ese entonces, el punto de quiebre fue la Ley de Minería. Los dirigentes rechazan que existan concesiones en zonas con fuentes de agua. Pachakutik, brazo político de la Conaie, apoyó el Sí en el referéndum para aprobar la Carta Magna: “El problema es que no hay voluntad política de hacer cumplir los derechos”, dice Jorge Herrera.(I)

88%
De pobreza por necesidades básicas insatisfechas registró la etnia indígena en el 2010. En el 2001 era de 90%.

42,3%
De los niños indígenas menores de cinco años tienen retardo en talla, tasa dos veces más alta que el resto de etnias.

25
Niños indígenas menores de cinco años por cada mil nacidos vivos mueren. Es la tasa de mortalidad infantil más alta.
*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)